Es necesaria la participación ciudadana para la defensa del terriorio y recursos naturales del de...
1. Argumentos de caso
1.1. AGA realizó estudios en el departamento del Tolima que se hicieron públicos hasta finales del año 2007 con el hallazgo de La Colosa. A partir de allí, realizaron algún contacto con la comunidad del municipio de Cajamarca y continuaron realizando actividades relativas al proyecto en otros municipios, entre los cuales se encontraba Piedras con la finalidad de buscar escenarios donde pudiera depositarse el importante número de escombros que dejara la explotación de oro. Su demora en informar a la comunidad y hacerla participe del proceso tuvo como consecuencia que la misma sintió que no fue tenida en cuenta en el proceso y cuando la empresa trato de recuperar el espacio perdido a causa de su propia omisión encontró una ciudadanía informada con una antipatía documentada hacia el proyecto minero que busca ser escuchada y que busca escenarios para que su opinión tenga eco. Una de las herramientas que es usada por los opositores a la explotación de oro es la consulta popular.
1.1.1. Fuente: Garcés, M. y Rapalino, W. (2015). La Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana para evitar actividades mineras. Justicia Juris, 11(1), 52-62.
1.1.2. En Perú, por ejemplo, estas consultas son conocidas como consultas vecinales y también se han utilizado como un mecanismo para excluir territorios de la actividad minera. Uno de los casos más reconocidos en Perú es la consulta vecinal en la Serranía del departamento de Piura, instituida mediante ordenanza municipal y enfocada a la protección del agua, los páramos, la biodiversidad y el patrimonio comunal, frente a la actividad minera. En este caso, el organismo electoral se pronunció en el sentido de que esa consulta vecinal constituye un atentado contra el sistema democrático y ha ordenado a su procurador denunciar a los alcaldes por una supuesta ‘usurpación de funciones. (Güiza y Rodríguez. 2015, p. 352)
1.1.2.1. Fuente: Güiza, L. y Rodríguez, C. (2015). El papel de las autoridades territoriales en la definición de zonas de exclusión o restricción minera. Vniversitas, (131) 323-362
2. Objetivo de datos
2.1. Se estima que para mediados de 2013 había 19.000 solicitudes mi- neras sin responder 1, y para 2010 ya se habían otorgado alrededor de 9.500 títulos mineros 2 . De acuerdo con esto, la Contraloría General de la República encontró que para julio de 2012 y solo en cuanto a la explotación de oro, seis departamentos del país tenían la cuarta parte o más de su territorio en proceso de solicitud de concesión: Caldas (51%), Bolívar (35%), Vaupés (31%), Antioquia (30%), Quindío (25%) y Risaralda (24%). Para este mismo mineral, ya han sido tituladas grandes extensiones del territorio colombiano en departamentos como Quindío (25%), Bolívar (13%), Tolima (13%), Antioquia (10%) y Caldas (13%). (Güiza y Rodríguez, 2015, p. 326).
2.1.1. Fuente: Güiza, L. y Rodríguez, C. (2015). El papel de las autoridades territoriales en la definición de zonas de exclusión o restricción minera. Vniversitas, (131) 323-362
2.2. Con base en los datos del Catastro Minero Colombiano efectuado por el Ministerio de Minas y Energía MME (a julio de 2012), se tiene que los títulos mineros para explotación de oro constituyen el 43% del total, en tanto que los de carbón participan con otro 25%. Cuando se analiza el porcentaje de área titulada para explotación de oro se encuentran datos preocupantes como la situación del departamento de Caldas donde el 8% de su territorio se encuentra titulado y el 47% solicitado, y de Antioquia donde se ha titulado el 10% del área del departamento y se encuentra en solicitud otro 30%. Y en departamentos amazónicos como el Vaupés y Guainía, donde se encuentra en solicitud para explotación de oro el 31% y el 15% de sus áreas, respecti-vamente. De los 31 departamentos continentales de Colombia, apenas 10 de ellos tienen menos del 10% de su territorio titulado o solicitado para explotación de oro y carbón (Cabrera y Fierro, 2013, p. 97).
2.2.1. Fuente: Cabrera, M. y Fierro, J. (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia. En minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá: Contraloría General de la República.
2.3. Si procesar una tonelada de material significa 1 m3 de agua por segundo y el tenor aproximado del yacimiento es 0,86 gramos de oro por cada tonelada de roca mineralizada (AngloGold Ashanti, 2008), cada gramo de oro extraído significaría el uso de 1.160 litros. Si se recirculara el 60% del agua tomada (AngloGold Ashanti, 2012), la huella del agua por gramo de oro sería de 464 litros. La empresa ha argumentado que la huella sería mucho menor, pero no se han remi-tido los estudios técnicos de soporte. No obstante, estos datos son prácticamente iguales que los que se encuentran en la literatura (477 litros por gramo de acuerdo con Mudd 32 ). Esta huella sólo involucra la demanda (uso) para el proyecto, pero no el aprovechamiento o la afectación (daño) a las aguas por la contaminación (Cabrera y Fierro, 2013, p. 102).
2.3.1. Fuente: Cabrera, M. y Fierro, J. (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia. En minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá: Contraloría General de la República.
3. Objetivo de autoridad
3.1. La implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables, impulsado por los últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros y, de manera consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio nacional. Esta situación ha conllevado a que se privilegien estas actividades extractivas por parte de diferentes entidades del Estado sobre otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de los colombianos, lo que ha convertido a la minería en una actividad generadora de conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales en varias regiones del territorio nacional (Negrete 2013, p. 23).
3.1.1. Fuente: Negrete, R. (2013). Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. En minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá: Contraloría General de la República.
3.2. La Ley 685 de 2001 “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 1º que su objeto consiste en (i) fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada, (ii) estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y, en esa medida (iii) promover que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. A su vez el artículo 3º señala el fundamento del Código de Minas indicando que las normas que lo componen desarrollan, entre otros, los mandatos de los artículos 25, 80, 330 (parágrafo), 332, 334, 360 y 361 de la Constitución en relación con los recursos mineros. Se trata, según allí se prescribe, de una regulación completa, sistemática, armónica y con sentido de especialidad y aplicación preferente.
3.2.1. Fuente: Ley 685 de 2001 - Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones (2001, 15 de agosto). Diario Oficial 45273, 16 de agosto de 2001
3.3. De la democracia participativa se pueden predicar tanto ventajas como desventajas. Entre las primeras cabe destacar la mejora del intercambio de información entre las administraciones públicas y los ciudadanos; aumento de la participación de los ciudadanos; aumento de la formación cívica de los ciudadanos; identificación más intensa del ciudadano con la comunidad de la que forma parte; revalorización de la democracia como modelo político;mayor respaldo popular de las decisiones tomadas por los poderes públicos; mejora de la imagen de los políticos, de los partidos y de la política en general. Entre los segundos, el fomento del populismo; simplificación de la política; imposibilidad material de practicarla; falta de control sobre las decisiones tomadas por la ciudadanía; dinámica representativa que lleva a desnaturalizar la democracia participativa. La conocida crítica de Sartori se refiere especialmente a lo que él define como democracia refrendaria (esto es, las preguntas a la ciudadanía que sólo admiten elegir entre dos respuestas opuestas), a la cual califica de peligrosa y potencial amenaza a la democracia (Ramírez, 2016, p. 175).
3.3.1. Fuente: Ramírez, A. (2016) Participación ciudadana e interpretación de la constitución. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en materia de democracia participativa. Revista IUS (37), 171 - 192