Sentencia C-527 de 1992

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1. Servicios Públicos - Regulación

1.1. Competencia Concurrente, de regulación normativa niveles Central, Regional y Local a partir de los cuales se organiza el Estado.

2. Servicio Público de Transporte

2.1. El legislador regula: aspectos atinentes al Servicio de Transporte Público Masivo, Así Como Las Condiciones Bajo las Cuales la Nación Podrá Contratar u otorgar su garantía.

3. Principio de Solidaridad / Servicios Públicos - Tarifas

3.1. Determinación de tarifas de los servicios Públicos dentro de la obligación del Estado. Igualdad Real y Efectiva

3.2. No afecta la autonomía patrimonial de los entes territoriales

3.2.1. Articulos 262 y 294 de la carta vigente

4. Entidades Territoriales / Autonomía Fiscal- Límites

4.1. Soberanía Fiscal, no tiene asidero Constitucional

4.2. Su ejercicio se subordina a los términos que señale la ley

5. Transporte masivo de pasajeros- Área de influencia / Entidades territoriales- vulneración de intereses.

5.1. Tarea que solo puede ser realizada en cada caso a partir de premisas fácticas determinadas

6. Descentralización/Autonomía

6.1. se desenvuelven y son compatibles con una unidad de organización de la comunidad estatal de carácter político y con la presencia de una soberanía que reside en el pueblo.

7. Sentencia aprobada mediante Acta No. 73

7.1. I. Antecedentes

7.1.1. Ejercicio de acción Pública de inconstitucionalidad

7.1.1.1. Art 241- 4 CPC

7.2. II. Normas Causadas

7.2.1. "LEY 86 de 1989 (diciembre 29)

7.2.1.1. Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento

7.2.1.2. CAPITULO I - Principios Generales

7.2.1.2.1. Articulo 3. El área de influencia del servicio esta directamente conectado con el DC y los municipios directamente conectados por el servicio de transporte Metropolitano por vía Urbano.

7.2.1.3. CAPITULO II - De la financiación de los sistemas de transporte masivo

7.2.1.3.1. Articulo 4. La nación solamente podrá contratar u otorgar su garantía a los créditos externos contratados por entidades que desarrollen sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros.

7.2.1.3.2. Articulo 5. cuando las rentas propias de los municipios y el DC no sean suficientes, queda facultado para

7.2.1.4. CAPITULO III. Del sistema de transporte masivo del Valle del Aburrá.

7.2.1.4.1. Artículo 7. En el caso del sistema de transporte masivo de pasajeros del Valle de Aburrá, como condición para el otorgamiento de la garantía de la Nación, se trata de un servicio de alquiler de vehículos en la cuantía suficiente que, sumada a los recursos generados por la sobreta a la gasolina de que trata El artículo anterior, cubran en valor presente la totalidad del costo inicial del proyecto, equivalente a US $ 650 millones de 1984.

7.2.1.4.2. Artículo 8. La contribución por valorar el cobre en las jurisdicciones municipales en Medellín, Italia, Bello, Envigado, Sabaneta, la Estrella y Copacabana, para atender las erogaciones causadas por la construcción del sistema de transporte masivo de pasajeros del Valle de Aburrá y prioritariamente el servicio de la deuda, no será inferior al equivalente en pesos de 164 millones de dólares constantes de 1992, estimativo que excluye los estratos socioeconómicos Nos. 1, 2 y 3.

7.2.1.4.3. Artículo 9. En el caso del sistema de transporte masivo de pasajeros del Valle de Aburrá se mantiene pignorar las siguientes rentas

7.2.1.5. CAPITULO V. Otras disposiciones

7.2.1.5.1. Artículo 12. Para efectos de la administración de las sumas recaudadas por concepto de los recursos provenientes del cumplimiento de los artículos 5o, 6o, y 9o. de la presente Ley, la Tesorería General de la República abrirá una cuenta de manejo para cada proyecto.

7.3. III. Demanda

7.3.1. Mediante el presente documento se publicó a la Secretaría General el 24 de febrero pasado.

7.3.1.1. A.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

7.3.1.2. B.- CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7.3.1.2.1. a) Acusación contra los artículos 4, 5, 7, 8 parágrafo 1, 9 y 12 de la Ley 86 de 1989 por violación de los artículos 1o, 2o, 4o, 6o, 58, 113, 121, 136-1, 150, 209, 286, 287, 294, 298, 299, 300-1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 infina; 303, 305-2, 3, 4, 7, 311, 312, 313-1, 2, 4, 5, 6; 314, 315-3, 5, 7, 9; 317, 338, 345, 346, 351, 352, 353, 356, 362, 363 y 364 de la Constitución Política.

7.3.1.2.2. c) Acusación parcial de los artículos 3o. y 8o. parágrafo 1o. de la Ley 86 de 1989, por violación de los artículos 1, 2, 3, 4, 113, 121, 136, 150, 209, 286, 287, 298, 299, 300-1, 2, 3, 7, 11 infine; 303, 305-2, 3, 4, 7; 311, 312, 313-1, 2, 5, 6, 7 y 10; 314, 315-3, 5, 7 de la Constitución Política.

7.4. IV. La Intervencion Ciudadana

7.4.1. No es exacta la afirmación según la cual las normas impugnadas trasladan el costo total del proyecto a las entidades territoriales de la República del área de influencia y al contribuyente por valorización y por impuestos de gasolina

7.4.2. No puede sostenerse que el legislador, al expedir la ley 86 de 1989, haya alterado, cercenado o suprimido las competencias de las entidades territoriales de la República o desconocido la autonomía que en sus diferentes campos les reconoce y concede la Constitución Política.

7.5. V. Concepto del procurador general de la Nación.

7.5.1. Estima que como el argumento central de la acusación gira en torno a la presunta invasión por el nivel central, de competencias propias de las instancias seccional y local, es del caso examinar las disposiciones constitucionales que hoy institucionalizan la estructura del Estado y definen competencias y funciones de todos los niveles administrativos.

7.5.1.1. Salvo el reparo hecho en el artículo 3o. De la Ley 86 de 1989, las prescripciones de las disposiciones de la ley política de los artículos 286, 287 y 288 de la Carta Política. "

7.6. VI. La opinion de los expertos

7.6.1. l. Concepto del doctor Alvaro Leyva Zambrano, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. (Fls. 158 a 172)

7.6.1.1. El doctor Leyva Zambrano hace inicialmente unos comentarios sobre la facultad impositiva en general; presenta luego un panorama sobre las diversas reformas constitucionales y concluye que el poder impositivo local ha estado siempre regulado por la ley.

7.6.2. 2. Concepto de ex-constituyente y abogado Gustavo Zafra Roldán. (Fls. 177-178)

7.6.2.1. Considera igualmente que la autonomía supera a la mera descentralización, pero no se equipara al federalismo ni a la ley al estado social de derecho

7.6.3. 3. Concepto del abogado Jesús Vallejo Mejía (Fls. 173 a 176)

7.6.3.1. Con el propósito de allegar elementos de juicio que contribuyeran a construir una visión global de los diversos intereses concernidos en la aplicación de la ley controvertida, el Magistrado Ponente insistió en tener una opinión del doctor Jesús Vallejo Mejía no obstante que este, espontáneamente manifestara su eventual impedimento derivado de su condición de asesor de la EMTVA.

7.7. VII. Consideraciones de la Corte.

7.7.1. A. COMPETENCIA

7.7.1.1. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, esta Corte es competente para decidir la presente demanda. La ley de la República.

7.7.2. B. DESCENTRALIZACION Y AUTONOMIA EN EL AMBITO DE LA REPUBLICA UNITARIA

7.7.2.1. 1. PROBLEMAS CONCEPTUALES. Por voluntad expresa del Constituyente de 1991, la descentralización y la autonomía se convierten en elementos fundamentales de nuestra República unitaria.

7.7.2.2. 2. ALGUNAS CLASIFICACIONES. Ahora bien, puesto que para decidir buena parte de los cargos que aparecen en la demanda objeto del presente fallo, es preciso establecer el alcance que tienen la descentralizacion y la autonomía dentro de la República unitaria que, por virtud de la voluntad expresa del Constituyente, continúa siendo Colombia en la Carta de 1991, nos proponemos hacer algunas someras consideraciones al respecto.

7.7.2.3. 3. TENDENCIAS DE ORGANIZACION GEOPOLITICA DEL ESTADO COLOMBIANO. De una interpretación sistemática de la carta de 1991 es clara, en primer lugar, una marcada tendencia hacia la acentuación y profundización de la descentralizacion y la autonomía concedidas a las entidades territoriales

7.7.2.4. 4. EL REDUCTO MÍNIMO DE LA AUTONOMÍA EN LA CONSTITUCIÓN. La Carta del 1991 en varias instancias emplea la noción de autonomía como sinónimo de poder de regulación normativa que se traduce en la capacidad de expedir normas jurídicas.

7.7.2.5. 5. SERVICIOS PÚBLICOS: RELACIONES ENTRE EL PODER CENTRAL Y LAS INSTANCIAS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. Con miras a dilucidar los cargos de la demanda, se impone también hacer unas someras reflexiones en torno a las competencias que, en lo atinente a los servicios públicos, distribuye la Constitución Política de 1991 entre el nivel central y las instancias departamental y municipal.

7.7.3. C. LOS CONCRETOS CARGOS DE LA DEMANDA

7.7.3.1. Procederá seguidamente la Corporación a analizar a la luz de estas precisiones los concretos cargos de la demanda.

7.7.3.1.1. 1. La alegada violación a la autonomía decisiva de los municipios en virtud de lo dispuesto en los artículos 4o. (Parcial), 7o .; 8o. y 9o. de la ley 86 de 1989.

7.7.3.1.2. 2. La presunta transgresión a la autonomía fiscal e impositiva de los municipios en virtud de los artículos 5o. (parcial), 8o. y 12o. de la ley 86 de 1989.

7.7.3.1.3. 3. La presunta vulneración del Artículo 3o.

7.7.3.1.4. 4. La expresión "departamental de Antioquia" del parágrafo 1º del artículo 8º

7.8. VIII. Decisión

7.8.1. En nombre del Pueblo y por mandato de la constitución, En relación con la ley 86 de 1989, "por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento"