Sesión 5 El régimen político en el México contemporáneo: entre los cambios y reformas

1. Los Organismos Internacionales y el cambio político y administrativo

1.1. Los organismos internaciones son asociaciones que trascienden las fronteras de un Estado y contienen una estructura orgánica permanente. Algunos de ellos son: a) Fondo Monetario Internacional (FMI); b) Organización de Estados Americanos (OEA), c) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. Estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, adquieren gran relevancia en la discusión mundial sobre políticas económicas y sociales. Las cuales después de presentarse en los grupos, realizar análisis y evaluaciones correspondientes, lanzan las propuestas a sus agremiados para ponerlas en práctica, y algunas veces, incluye la recepción de fondos económicos. Nuestro país como integrante de estos grupos, participa continuamente en mejoras estructurales y ha puesto en marcha diferentes proyectos en materia de: educación, salud, transparencia, entre otros. Los requerimientos globales trascienden las fronteras y permean las reformas constitucionales, sin violar los derechos de soberanía. Por lo tanto, actualmente no sólo influyen los partidos, organizaciones civiles, también, organismos internacionales.

2. Cambios políticos después del 2000 y las reformas administrativas

2.1. La administración pública actual se ha caracterizado por un profundo proceso de modernización que incluye una serie de reformas administrativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.  De acuerdo con José Antonio Crespo (2012: 35) el 2 de julio del año 2000 México experimentó por primera vez en toda su historia una alternancia pacífica del poder, lo que implica un hecho simbólico que marca el cambio de régimen, si bien esta transformación no empezó ni terminará ese día. Se trata, más bien, de un proceso muy lento y singular, que se explica a partir de la peculiaridad del régimen priista.   El objetivo de este apartado es conocer las principales reformas administrativas impulsadas en los períodos presidenciales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

2.1.1. Sexenio Vicente Fox Quezada: 2000-2006

2.1.1.1. En materia de mejoramiento administrativo, la estrategia de Vicente Fox se orienta por tres acciones relevantes: la primera fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (2001- 2006) que queda bajo la responsabilidad de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM); la segunda fue la propuesta contenida en el Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental, elaborado por Ramón Muñoz desde la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia; y la tercera acción fue la integración de todas las acciones de mejoramiento de la administración pública federal en la Agenda de Buen Gobierno.

2.1.2. Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa: 2006-2012

2.1.2.1. Los objetivos generales del Programa de Mejoramiento de la Gestión parecen modestos frente a los retos que enfrenta la administración pública moderna: 1) mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos, 2) incrementar la productividad de las instituciones, 3) reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la operación de procesos eficientes y 4) evaluar el desempeño de las instituciones públicas. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo su responsabilidad la puesta en marcha del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

2.1.3. Sexenio de Enrique Peña Nieto

2.1.3.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el presidente Enrique Peña Nieto establece como metas principales: México en Paz, México incluyente, México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con responsabilidad global.  El Plan Nacional de Desarrollo presenta un conjunto de estrategias transversales para democratizar la productividad, para alcanzar un gobierno cercano y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.   El Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto destaca la importancia de contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación, que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía.

2.1.4. Los organismos autónomos

2.1.4.1. El surgimiento de los organismos autónomo es resultado del proceso social e histórico de cada país que los ha adoptado. Los organismos constitucionales autónomos pueden aparecer con el fin de incrementar la eficacia y eficiencia de la administración pública. En México los primeros organismos autónomos fueron las Universidades públicas. Después de las universidades públicas, el siguiente organismo que adquiere autonomía constitucional es el Banco de México (Castellanos, 2015: 94).

2.1.5. Las políticas de acceso a la información

2.1.5.1. El acceso a la información es un derecho de enorme valor que sin duda impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del patrimonio social y de la vida democrática en el país. La información pública es un catalizador de la participación social: quien tiene más y mejor información goza de mayores posibilidades de participar e incidir en la toma de decisiones concernientes a políticas públicas, programas y proyectos, tanto públicos como privados. Asimismo, la disposición de información es un recurso invaluable para la exigencia de una pronta impartición de justicia (Bustillos, 2004: 21).

2.1.5.2. Reforma en materia de transparencia 2014

2.1.5.2.1. El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. Con este nuevo marco, la sociedad podrá conocer la información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal (Gobierno Federal, 2014). En mayo del 2015 entró en vigor La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública El nuevo marco normativo está integrado por 216 artículos. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se robustece con mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional (INAI, 2015).

2.1.5.3. La rendición de cuentas

2.1.5.3.1. De acuerdo a Andreas Schedler la idea de rendición de cuentas integra el derecho a recibir información y la obligación del poder a abrirse a la inspección pública, así como la obligación de explicar y justificar sus actos (answerability). También incluye la posibilidad de ejercer una sanción, esto es, de ejercer coacción y castigo (enforcement). Para Schedler la información, la justificación y el castigo son los tres pilares sobre los que se asienta la rendición de cuentas y su función de mecanismo para domesticar el ejercicio del poder.

2.1.5.3.2. Dimensión informativa de la rendición de cuentas

2.1.5.3.3. Sanción

3. La democracia y la economía de mercado

3.1. La democracia dice Colomer (2009: 177): “debería incluir la participación efectiva de los ciudadanos, la igualdad de voto y decisiones bien informadas tanto sobre la agenda de temas públicos como sobre las propuestas políticas. En este sentido diferentes fórmulas institucionales pueden producir diferentes resultados de calidad democrática.                                                          En la práctica los elementos mínimos que debe tener una democracia, según Robert Dahl (1999) son los siguientes: -Libertad de asociación,                                   - Libertad de expresión y de información,        - Amplios derechos de sufragio,                      - Derechos a formar candidaturas para los cargos públicos y a competir en las elecciones,  - Elecciones libres y equitativas,                      - Políticas de gobierno que dependan de los resultados electorales.

3.1.1. Antecedentes

3.1.1.1. Algunos sociólogos, como Giddens, señalan que la democracia liberal y el capitalismo están unidos entre sí porque el desarrollo económico favorece las condiciones de la autonomía individual. El crecimiento económico, impulsado por la ciencia y la tecnología, exige un sistema educativo y desarrollado; y la educación universal libera “cierta exigencia de reconocimiento que no existía entre gentes más pobres y menos educadas” (1999).

3.1.1.2. El Desarrollo estabilizador

3.1.1.2.1. El Desarrollo estabilizador o Milagro mexicano, en palabras de Tello es: la evolución de la economía nacional en los quince años que van de 1954 a 1970. Es un periodo de referencia obligado, en cierto sentido emblemático de lo que, debe ser la forma de conducir el crecimiento de la economía nacional ( 2010). El milagro mexicano es un modelo económico que alcanzó la estabilidad macroeconómica del país, es una etapa de una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en el sector industrial (continuación de la Revolución Mexicana y la Segunda Guerra Mundial (Meyer, 2000).  En este periodo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el sector obrero, empresarial y campesinos (banqueros), realizaron inversiones cuantiosas con utilidades considerables. Algunos de los incentivos en materia regulatoria fueron: los subsidios y las tasas de gravamen asequibles en las utilidades de las empresas. La industrialización del país se llevó a cabo principalmente por los particulares con el apoyo del sector público; a cambio, los empresarios aceptaron que la política económica y social, la realizara el gobierno de forma emancipada. Además, se ofreció a los empresarios todo tipo de garantías, incluyendo salvarlos en caso de quiebra.

3.1.1.3. La crisis económica y el proceso de reformas políticas

3.1.1.3.1. Con el nombre de desarrollo estabilizador se conoció a la estrategia seguida durante la década de los sesenta, cuando el proteccionismo mexicano debió modificarse para solucionar el problema planteado por una reducción en el ritmo del proceso de sustitución de importaciones basado fundamentalmente en un empresariado local (Puga,1995: 27).   El desarrollo estabilizador tenía como características principales: a) Establecer un tipo de cambio estable (el peso se mantuvo al cambio de 12.50 por dólar entre 1954-1976). b) La industrialización de los años cincuenta y sesenta ocurrió en un mercado interno muy protegido por barreras arancelarias c) La proporción de las importaciones que requerían permisos previendo aumento de 28% en 1956 a más de 60% en promedio durante los años sesenta y alrededor de 70% en los años setenta. La reforma administrativa en el gobierno de José López Portillo (1976- 1982), que tenía como tesis central reorganizar el gobierno para organizar el país. En esta etapa la reforma establece un sistema nacional de planeación, que estaba regulado por la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la promulgación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como la Ley de Deuda Pública.

3.2. El proceso de reformas administrativas (etapas)

3.2.1. En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) puso en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica, orientado entre otras cosas, a disminuir el crecimiento del gasto público, reforzar las normas de disciplina, programación, eficiencia y honradez en su ejercicio, proteger y estimular los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos, reordenar el mercado cambiario bajo la autoridad monetaria del estado, reestructurar la Administración Pública Federal. De la Madrid envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que se establecían importantes reformas que crearon varias Secretarías de Estado, entre ellas la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la de Desarrollo Urbano y Ecología. En los años posteriores, se impulsó la simplificación administrativa, buscando agilizar trámites y dar servicios más eficaces a la ciudadanía.

3.2.2. En el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) desde su toma de posesión anunció la necesidad de llevar a cabo la Reforma del Estado, modificando sus relaciones con la sociedad y con el ciudadano. Posteriormente, haciendo uso de un estilo inusual en un Presidente, explicó los alcances de dicha reforma: el ejercicio democrático de la autoridad, el aliento a la participación y organización popular en los programas sociales, la privatización de las empresas públicas no estratégicas, dando a los obreros participación en su propiedad y canalizando el producto de su venta a programas sociales, entre otras, como alcanzar la estabilidad macroeconómica a través de la apertura comercial, la desregulación, la inversión extranjera y las desincorporaciones.

3.2.3. Con Ernesto Zedillo (1994-2000) se impulsó Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) publicado en1996, el Sistema Integral de Administración Financiera Federa (SIAFF), la Nueva Estructura Programática (NEP) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El PROMAP, recuperó los conceptos: ‘rendición de cuentas,’ ‘responsabilidad’, ‘derechos de los ciudadanos’, ‘derecho a la información’ ‘y evaluación’. No obstante, el PROMAP avanzó muy poco ante la crisis económica y la falta de consenso político.

3.2.4. Con la llegada de Vicente Fox (2000-2006) se impulsó el Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental, elaborado por Ramón Muñoz. La Oficina para la Innovación Gubernamental diseñó el Modelo Estratégico para la innovación y calidad gubernamental. Este modelo estratégico tiene como misión recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Este modelo resume las estrategias del gobierno federal en materia de innovación, que permita introducir nuevas formas en el que hacer público y la calidad total que permitirá mejorar la actividad pública generando un valor agregado.

4. Sobre la transición política

4.1. Como se ha visto, “las actividades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvieron unidas a las del Estado por mucho tiempo, los intereses de las élites gobernantes manipulaban y maquillaban todo el acontecer político, las fuerzas en aparente posición terminaban uniendo intereses y aceptando los cotos de poder otorgados a sus principales líderes. En 1946 cuando el partido oficial sufre su último cambio en la denominación, no existe oposición real, tampoco hay una rotación de poder, la participación política en elecciones es en términos monetarios y humanos desigual. “Los diversos movimientos sociales, como por ejemplo el estudiantil de 1968, manifiestan la urgencia de apertura democrática, pero sobre todo, corroboran la necesidad de un cambio en los causes del quehacer político nacional. El PAN inicia su expansión en algunas regiones del norte del país, surgen organismos partidistas, aparece una guerrilla urbana y otra campesina, cuyo diagnóstico consiste en afirmar que el país no tiene otra opción de cambio que no sea la de las armas” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 200: 19).

4.1.1. Durante el sexenio que va de 1970 a 1976 se instrumenta la política de apertura democrática, cuyo fin es evitar después de 1968 la crisis política ocasionada por los usos y los abusos de la fuerza del Estado. El sexenio termina con crisis económica y desestabilidad política, manifestándose en las elecciones presidenciales de 1976 en donde José López Portillo, el único candidato registrado, obtiene el triunfo con el 99% de los votos, de esta forma resulta clara la necesidad de replantear el formato, los usos y alcances de la participación política (Salgado, 2006: 73). El Estado, para entonces, opera bajo la ausencia de partidos competitivos e inexistencia de reglas electorales abiertas, sin embargo, esa realidad empieza a cambiar en 1977, pues para México la necesidad de organizar a los grupos inconformes dio impulso a las reformas. Esta reforma crea las siguientes condiciones: “La Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales (LOPPE) crea al mismo tiempo una figura legal distinta a la de partidos políticos, para la cual se requieren menos requisitos. Se trata de las asociaciones políticas nacionales, concebidas como complementos al sistema de partido y debían contribuir al debate político e ideológico” (Salgado, 2006: 77).

4.1.1.1. En 1987 cuando se mencionan a los posibles candidatos del PRI, sin considerar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se origina una ruptura interna. Se elige a Carlos Salina de Gortari como candidato y “excluyen a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de las filas del partido, por violar el artículo 211 de los estatutos del partido, al aceptar la candidatura a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Muñoz Ledo que renuncia el 15 de diciembre con el objetivo de apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. (Reveles, 2003: 229). Esto además de una ruptura interna del partido hegemónico, ocasionará la aparición de nuevos partidos políticos, como el Partido de la Revolución Democrática. Además de la apertura de espacios electorales en gubernaturas de los Estados, como el caso de Baja California que lo ganaría para 1989 el Partido Acción Nacional. Aquí el escenario empezaba a cambiar por la apertura política, ésta impactaría en los cambios económicos y administrativos, pues a partir de este periodo la Administración Pública sufriría cambios inimaginables. Otro proceso que posterior a 1994 generarían el cambio y la transición de partido político en la presidencia de la república sería el gobierno dividido de la Cámara de diputados.

5. Los cambios en el sistema y régimen político posterior a 1990

5.1. Algunas de las transformaciones políticas más importantes se centraron en el sistema electoral y de partidos, principalmente. A pesar de que existe una disputa por determinar en qué momento inició la transición política en México, es en la reforma electoral de 1977 que se estableció otorgar a los partidos políticos financiamiento público, lo cual representó un parteaguas en el sistema político en México.  es necesario entender que el cambio político en México es un proceso que se dio de forma gradual. Mas esto no debe hacernos perder de vista que en la década de 1990 la administración pública en nuestro país sufrió una gran transformación. Se ha indicado que en ese momento se presencia una reingeniería constitucional, puesto que se da origen a diversas instituciones con carácter autónomo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le otorga autonomía al Banco de México, así como se refuerza la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Además en el ámbito económico se reforzaron las transformaciones que iniciaron en el Sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Tendientes a reconfigurar un nuevo orden para regular las actividades de los nuevos actores económicos, vinculados principalmente con el sector financiero (Babb, 2003).

5.1.1. Multipartidismo

5.1.1.1. El sistema de partidos, de acuerdo con Dieter Nohlen (2004: 38) se entiende como “la composición estructural de los partidos políticos dentro de cada Estado”. Es decir, se trata de la forma y características que adquieren los partidos políticos en una comunidad política determinada. Los sistemas de partidos cuentan con un conjunto de elementos a considerar: 1) el número de partidos existentes, 2) el tamaño de los partidos, 3) la distancia ideológica existente entre ellos, 4) la forma en que interactúan entre sí, 5) las características de la relación entre partidos políticos y otros grupos sociales, 6) su posición frente al sistema político. Los partidos políticos, sin duda alguna, son actores relevantes en el cambio o permanencia políticos. Antes de la década de 1990, los partidos políticos no representaban una verdadera oposición para el Partido Revolucionario Institucional. Salvo el Partido Acción Nacional (PAN) que surgió en la 1939, los partidos que a lo largo de la historia política contendieron en procesos electorales tuvieron una duración efímera (Espejel, 2016: 16).

5.1.2. Congreso dividido

5.1.2.1. Como se desprende de la discusión precedente, el sistema de partidos es una dimensión estrechamente vinculada con el sistema electoral. De acuerdo con Dieter Nohlen (2004), es preciso entender en primer lugar a qué nos referimos con sistema electoral. Éstos demarcan la manera en que el elector expresa su voto por un partido determinado (mayoría relativa), así como la forma en que dichos votos son transformados en escaños en la legislatura (elección proporcional).   Con la transformación en el Congreso de la Unión, en 1997, ahora los apoyos para impulsar las reformas constitucionales no pueden darse sólo por un partido. Por lo tanto, para conseguir la mayoría de votos se requiere la negociación de al menos dos bancadas. Las reformas constitucionales impulsadas por Carlos Salinas de Gortari contaron con el apoyo del PRI y PAN. Como señala Aranda (2010: 80) “La pragmática de los partidos políticos en México ha orillado a las dirigencias a presentar posturas contradictorias a su historia y principios; más aún, en el camino hacia la búsqueda de electores, los partidos han descuidado los principios éticos al momento de diseñar programas de gobierno e instrumentos para llevarlos a cabo”.

5.1.3. Aparición de asociaciones civiles e impulso a la transición

5.1.3.1. Siguiendo con el apartado anterior, el sistema electoral en México concedió a otros partidos tener una participación activa en lo relacionado a las reformas constitucionales, pero también abrió el marco a la aparición de las asociaciones civiles, que si bien, desde 1968 comienza su aparición, a partir de 1985 se apodera y entiende su importancia a nivel social. Además, esta nueva geografía política permite, como lo señala Lizárraga (2004): “… una nueva consolidación de un sistema de partidos, de izquierda y de derecha, el PRD y el PAN, respectivamente y por otro lado, surge una nueva forma de participación para la población: el “asociacionismo cívico”, que representa una nueva lucha por cuestiones de género, el ecologismo y la lucha por los derechos humanos”.

5.1.3.1.1. La organización civil como actores oficiales del desarrollo social