Enfoque para abordar el eje de ambiente

1. Ambiente y Buen Vivir

1.1. Se basa en la comprensión de que vivir plenamente no es un logro individual, sino que depende también de la plenitud de las demás formas de vida, del ambiente en su conjunto, y que el camino a la ‘vida buena’ implica transformar y reorientar la producción de conocimientos y saberes en función de la sociedad biocéntrica como objetivo colectivo.

2. Relación ecosistemas-sociedad

2.1. En consecuencia, por una parte, la conservación de la biodiversidad es indispensable para el bienestar humano, pues de ella depende la generación de dichos servicios; y por otra, debe abordarse de forma integral, desde la concepción simbiótica ecosistema- sociedad. Ello implica alcanzar un balance entre acciones de preservación, conservación, uso sostenible, generación de conocimiento y garantía de la restauración y resiliencia de los sistemas socioecológicos.

3. Ambiente, ciencia y modelo económico-social

3.1. El tema ambiental es en esencia político, pues plantea las características y límites del modelo de desarrollo dominante, basado en el crecimiento y acumulación desmesurados, a costa de la explotación de los recursos naturales y de las personas (Robbins, 2004). La degradación ambiental es uno de los síntomas más nefastos del modelo económico capitalista prevalente en el mundo y en el Ecuador.

4. Principio de precaución

4.1. El principio de precaución aparece en la Cumbre de Estocolmo de 1972 y se ha ido consolidando progresivamente en el Derecho Ambiental Internacional, así como en la legislación nacional. En la conferencia Wingspread de 1998 se afirma que: «cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones causa-efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad». Existen varios tratados donde se define el principio de precaución

5. Derechos de la naturaleza y corresponsabilidad

5.1. Es decir que la conservación de la biodiversidad no solo compete a instancias gubernamentales o a los grupos ambientalistas; es una corresponsabilidad que tanto la sociedad civil como las diferentes instituciones que conforman el Estado deben asumir. Los primeros avances en Ecuador en materia de políticas públicas sobre la corresponsabilidad ambiental se gestan en el año 1999, con la inclusión del artículo 2 de la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador (1999), donde se establece que «la gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales».