CAPITULO XXXIII: La Transformación Del Derecho Y El Acto Administrativo.

1. La ampliación de los medios de defensa está íntimamente relacionada con la definición de acto administrativo y acto de la administración así como en la distinción entre intereses jurídicos e interés legítimo que sea de línea de la jurisprudencia del poder judicial de la Federación y en la reciente reforma el juicio de amparo, la introducción de la regulación, constitucional de las acciones colectivas.

2. La idoneidad de los controles de legalidad está vinculada con la eficacia, la ejecutividad del acto administrativo y los caracteres de lacto administrativo, así como con los elementos subjetivo y formal de éste.

3. La de limitación de la discrecional con el elemento objetivo de la carnicería TiVo, que limita la actuación de lo que unidad administrativa desde los aspectos de la racionalidad formal el sometimiento de la objeto a la norma previamente emitidas así como la adecuación de la causa, motivo y fin al interés general.

4. La administración pública es un ente abstracto que sólo se conoce por los efectos que se producen por su actuación me alcance individual y concreto, para el gobernado como existe gobierno en la medida que éste se expresa a través de una persona determinada que asume su función y generalmente lo que se aprecien la actividad material objetiva y sólo excepcionalmente la que se deriva del acto administrativo

5. Le evolución del concepto de la tranquilidad y la jurisprudencia es significativa para entender la ampliación de los entes públicos sujetos al control de la legalidad.

6. En un derecho administrativo empezó cuando el Estado asumió funciones distintas a las tradicionales, como son las de protección al consumidor y el usuario, supervisión de la presentación de servicios públicos, defensa de los derechos humanos, control de la inflación, sistematización de la información, estadística y geografía, transparencia y acceso al información, entre otras y se hizo evidente que las funciones legislativas ejecutiva

7. Las leyes de procedimiento administrativo tanto la federal como la del Distrito Federal y de los estados son un primer intento por conde codificar el derecho administrativo procedimental el ámbito federal y local y pretenden regular los actos de los administraciones públicas con notables excepciones como las materias financiera, fiscal, seguridad pública, competencia económica, práctica desleal de Comercio de exteriores, justicia agraria y laboral, electoral la participación ciudadana y la notarial entre otros.