PRINCIPIOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES Y GENERALES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

1. Igualdad de derechos

1.1. Medio por el cual los trabajadores deben ser tratados a través de la igualdad, sin importar su carácter intelectual, género o sexo, entre otros.

1.1.1. Ley 1496: La igualdad salarial y retribución laboral entre hombres y mujeres.

1.1.2. Ley 931: La creación de normas en lo que respecta a la igualdad en razón de la edad en el trabajo.

1.1.3. Ley 361: La vinculación de personas discapacitadas con el fin de poder trabajar sin ninguna discriminación.

2. Protección del trabajo

2.1. Deber del estado de proteger y dar cumplimiento a los derechos mínimos de los trabajadores, con el fin de mejorar su desarrollo personal y social.

2.1.1. Artículo 9 de la Constitución Política de Colombia: Proteger a los trabajadores, siendo estos parte clave del proceso, para tener constancia de la garantía y eficacia de sus derechos dentro de una entidad.

2.1.2. Ley 1016: Crear normas legales para la protección laboral y social de las labores periodísticas y de comunicación para asegurar la libertad e independencia profesional.

2.1.3. Ley 1636: Crear un medio de protección para el desempleado en Colombia.

3. Obligatoriedad del trabajo

3.1. Deber que tiene cada persona de desempeñarse en el aspecto laboral, para contribuir al desarrollo socio-económico del estado.

4. Libertad de trabajo

4.1. Autonomía que posee una persona en el momento de elegir la actividad laborar que desea desempeñar.

4.1.1. Sentencia C-588: Se puede elegir de manera libre la profesión, la ocupación, el arte o el oficio que la persona quiera ejercer.

4.1.2. Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia: Nadie puede impedir que una persona haga lo que desee con respecto a la decisión de unirse al ámbito laboral.

4.1.3. Artículo 26 de la Constitución Política de Colombia: Todos somos libres de escoger nuestra profesión y oficio que vamos a desempeñar.

5. Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones individuales o colectivas presentadas dentro de la producción de bienes o prestación de servicios

6. Roberto Carlos Rengifo Velasco (2015). Legislación laboral aplicada

7. Mecanismos de garantía de los derechos laborales

7.1. Derecho de petición: Capacidad que posee todo tipo de persona (empleado) de presentar peticiones respetuosas a los gobernantes, con razones de interés general o particular, para de esta forma tener una resolución pronta al problema presenciado.

7.2. Acción de tutela: Medio por el cual un individuo consagra su inconformidad cuando un derecho fundamental haya sido amenazado o vulnerado por cualquier autoridad pública (acción u omisión).

7.3. Conciliación: Método alternativo para la solución de altercados, donde las personas poseedoras del problema tratan de dar solución a su diferencia, con la ayuda de un tercero, conocido como conciliador (realizado en derecho y no en equidad).

7.4. Transacción: Contrato donde ambas partes de la situación dan fin al pleito o tratan de generar uno, por medio de concesiones reciprocas (cada uno cede) cuando no hay seguridad frente a los derechos inciertos y discutibles que cada lado piensa tener.

8. Irrenunciabilidad de beneficios mínimos

8.1. Equilibrio que se presenta entre proteger al trabajador y a la vez imponer un límite en la autonomía de la voluntad del mismo, que es estipulada en el contrato de trabajo.

8.2. Principios: Libertad del trabajo, protección del estado, primacía de la realidad, entre otros, refrendados tanto en el fundamento constitucional como en el fundamento legal.

9. Favorabilidad

9.1. Decisión que se tomara cuando existen diferentes apreciaciones de una norma, donde la más favorable para el empleado será la elegida para dar fin al conflicto laboral presentado.

10. Estabilidad

10.1. Certeza que tiene el trabajador con respecto a la mantención de su vínculo laboral, con ello prestando su servicio a la entidad.

11. Primicia de la realidad

11.1. Importancia que tienen los datos presentados de forma real (Relación de trabajo), frente a aquellos que se encuentran en acuerdos o documentos (Terreno de los hechos), apoyados por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.