Monitoreo y mejora de la política social o los programas sociales

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Monitoreo y mejora de la política social o los programas sociales por Mind Map: Monitoreo y mejora de la política social o los programas sociales

1. Monitoreo: resultados de la evaluación en México

1.1. La reestructuración del gobierno a partir de la descentralización (nueva gestión pública) condujo a una dinámica institucional que desembocó en la Ley de Planeación, que permitió la vinculación de relaciones gubernamentales intersectoriales y grupos sociales en torno al diseño de políticas públicas; asignando responsabilidades y formalizando procedimientos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). La evolución de la nueva gestión pública en el gobierno mexicano permeó su estructura, y busca orientarla a que sus acciones se concreten en eficiencia y efectividad, tanto en gestión como en recursos. Con esto, en el ámbito de desarrollo social, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre otras atribuciones, ha desarrollado funciones e instrumentos de monitoreo y evaluación.

1.1.1. Lineamientos de evaluación y monitoreo

1.1.1.1. A partir de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (LFTAIG, 2002)1 y todos los cambios en la administración pública en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS, 2004), además de las cuestiones atendidas en el módulo, se ha impulsado la difusión de información generada en las evaluaciones. En 2007, el CONEVAL realizó la definición y uso de matrices del marco lógico (MML); con esta herramienta se estandarizaron los procesos de formulación de indicadores y metas. se creó el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que realiza diversos ejercicios de monitoreo y evaluación: i) evaluaciones externas a programas (Artículo 110 de la LFPRH); ii) evaluación del desempeño y calidad en el ejercicio del gasto, y iii) el modelo sintético de información del desempeño.

1.1.2. Instrumentos de planeación en la evaluación y monitoreo

1.1.2.1. A pesar del respaldo normativo adquirido por la evaluación y monitoreo, este proceso ha tenido que enfrentarse a diferentes vaivenes, como: i) Desarticulación: falta de alineación conceptual, metodológica y operacional. ii) Alto costo y poca utilidad de resultados. iii) Percepción del proceso como una fiscalización y no de gestión y rendición de cuentas. iv) Falta de prioridad de la medición de resultados para programas o dependencias que lo ejecutan, entre otros. Ante ello, se crean lineamientos de evaluación y monitoreo, y se establece la estrategia de monitoreo y evaluación.

1.1.3. Sistema integral de monitoreo y evaluación

1.1.3.1. Las actividades precedentes: primero, se obtienen, en un ejercicio colegiado, elementos para realizar el diagnóstico de los problemas sociales públicos, llevarlos a la planeación de los programas sociales y determinar el diseño, para establecer su ejecución indicando el presupuesto, lineamientos de operación y su evaluación; en segundo lugar, se realiza el proceso de evaluación con metodologías establecidas e indicadores valoradores (estratégicos de gestión). un sistema de evaluación y monitoreo no debe ser visto sólo como una actividad tecnocrática, ya que la información que proporciona tiene influencias concretas para la gestión de gobierno en sus diferentes niveles, así como en los grupos sociales de interés, pero debe contener al menos tres elementos la información que se genera: • Relevancia • Trascendencia • Uso

2. Contraloría social en los programas sociales

2.1. El monitoreo como proceso de construcción social

2.1.1. El sistema democrático se presenta lastimado por estos hechos, y sufre las consecuencias abatidoras; se percibe la necesidad de fortalecerlo con la integración de los actores sociales en la esfera pública. Lo que caracteriza y diferencia a la CS de otras formas de participación es: i) su intervención en lo público se orienta específicamente al control, vigilancia y evaluación de las acciones y programas de gobierno; ii) es institucionalizada; es decir, está regulada por medio de normas legales como leyes, reglas de operación, lineamientos, etcétera, lo que permite distinguir a la CS de otras formas de participación ciudadana orientadas al control social, pero que no se realizan por cauces formales o institucionales, como las acciones directas, tomas de oficinas o espacios públicos, o plantones.

2.1.1.1. Orígenes, desarrollo y atributos de la contraloría social

2.1.1.1.1. El concepto contraloría social nació oficialmente el 5 de febrero de 1991, cuando se tomó protesta a los vocales de control y vigilancia del Programa Nacional de Solidaridad, La contraloría social se inscribió, en esa época, como forma novedosa de control administrativo ejercido por la ciudadanía sobre la actuación de responsables de acciones gubernamentales. La participación ciudadana para el control y la rendición de cuentas por medio de la contraloría social está garantizada por múltiples mecanismos legales nacionales e internacionales. Bajo el marco constitucional, ésta se basa en artículos relevantes que cumplen un papel importante en el desarrollo de la misma, de los cuales resaltan: • Artículo 6: Derecho a la información • Artículo 8: Derecho a la petición • Artículo 9: Derecho a la asociación • Artículo 26: Derecho a la participación durante la planeación

2.1.1.2. La contraloría social como elemento para la participación social y rendición de cuentas

2.1.1.2.1. La participación ciudadana se puede definir como los mecanismos que tienen como fin el impulso a la democracia participativa y el desarrollo local por medio de la integración de la comunidad en la acción política. Con base en la perspectiva del impacto de la participación ciudadana sobre el sector público y privado, la conceptualización de la institucionalización de la misma ha llevado a la estructuración formal del proceso participativo, donde la contraloría social funge como un tipo de participación ciudadana, pues busca que los ciudadanos incidan en la esfera pública, ya sea de forma directa o indirecta.

3. Tipos de monitoreo ciudadano

3.1. La contraloría social integra a todos los tipos de mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, con base en la identificación de la estructura elemental de los mecanismos existentes y sus experiencias, se identifican tres tipos de contraloría social: 1. Sistemas de atención ciudadana. Se puede decir que es el más común en cuanto al orden federal. En este tipo de contraloría los beneficiarios de un programa tienen la oportunidad de presentar quejas y denuncias ante instancias pertinentes y, derivado de ello, llevar al enderezamiento de las acciones del programa conforme a las reglas de operación. 2. Control colectivo. Se basa en la creación de un órgano específico de control en donde los beneficiarios directos de las obras o servicios pueden participar. Poseen más herramientas de control, como el denunciar cualquier irregularidad ante los mismos órganos. 3. Participación de ciudadanos. Se refiere a la integración de ciudadanos en los órganos de decisión de las instituciones públicas.

3.1.1. Alcances y limitaciones

3.1.1.1. La CS posee fortalezas importantes; pero resalta el fortalecimiento a su marco legal y el constituirse como un espacio de innovación vivo y fluyente, que aporta legitimidad y legalidad a su ejercicio. Por otro lado, si se desglosa parcialmente lo que implica la contraloría, se puede observar tres grandes potencialidades: innovación, lógica de derechos y el marco legal. Las acciones que promueve la CS, partiendo de los conceptos de cantidad y calidad, definen el futuro del proceso de participación ciudadana, desarrollando nuevos procedimientos e incidiendo en la innovación. La poca coordinación y control sobre los sistemas que llevan a la verdadera participación y monitoreo ciudadano hacen a un lado la CS, además de los amplios procesos de discrecionalidad que dificultan que los beneficiarios se involucren más en la vigilancia. La rendición de cuentas, la participación ciudadana y el monitoreo ciudadano pasan entonces a un estado de inercia donde no son tomados en cuenta como factores de la plena democracia y se fomenta un ambiente de corrupción.

4. Transparencia en la política social y los programas sociales

4.1. Resoluciones del INAI sobre transparencia en los programas sociales

4.1.1. Las normas mexicanas señalan la obligación del Estado y la administración pública de transparentar la información producida, por lo que es necesario que se difunda a través de diferentes medios y que sea accesible a la sociedad. La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Asimismo, que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) debe cubrir los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia.Características de la información proporcionada por los responsables de programas • Accesibles • Integrales • Gratuitos • No discriminatorios • Oportunos • Permanentes • Primarios • De libre uso • Formatos abiertos • Formatos accesibles • Información de interés público

4.2. El uso de recursos públicos para fines políticos y el combate a la corrupción

4.2.1. El trabajo para la institucionalización de programas sociales como parte de la política social de gobierno abierto se encuentra en desarrollo; sin embargo, contiene elementos que la vislumbran como buena opción para el cuidado de recursos públicos y el combate a la corrupción; es decir, el requerimiento de especialistas en políticas públicas está sobre la mesa para fortalecer la política social y gobierno abierto, que permitirán fortalecer políticas y programas sociales, de forma puntual.Recomendaciones para la vigilancia y el blindaje electoral • Estabilizar padrones de beneficiarios • Supervisión y vigilancia especial a nivel local durante momentos críticos • Institucionalizar mecanismos de supervisión y control • Asegurar la existencia de canales de quejas confidenciales eficientes y rápidas para que la población beneficiaria informe de abusos y reclame sus derechos en relación con los programas. • Poner a disposición del público en general la información del comportamiento, aumentos y reducciones del gasto de programas sociales.

4.3. Necesidades y retos

4.3.1. En materia de institucionalización de los programas sociales, se presentan grandes oportunidades para mejorar el monitoreo y evaluación de los programas, así como la importancia del uso de información para la retroalimentación de los mismos programas, o bien, con iniciativas integrales e innovadoras de programas sociales. Para Ernesto Velasco, uno de los grandes retos es “generar dinámicas que permitan reducir las inequidades sociales y construir una sociedad en que se hagan efectivos los derechos sociales de los ciudadanos.” i) Crear o robustecer los sistemas para la interacción entre los ciudadanos y la información que se publica: incorporación efectiva de las OSC para la revisión y difusión de evaluaciones, toma de decisiones, entre otros. ii) Mejorar la calidad de los programas presupuestales. Con la metodología del marco lógico presentar, datos suficientes para la valoración de su desempeño. iii) Fortalecer a las OSC para potenciar sus capacidades institucionales para la interacción con los tres ámbitos de gobierno. iv) Crear esquemas de rendición de cuentas efectivos sobre información y ejercicio del gasto en una federación para tener un panorama completo sobre la totalidad de recursos financieros, humanos y programas sociales existentes en el país. v) Mejorar mecanismos de quejas y denuncias, que son complejos, y la comprobación penal, que es prácticamente inalcanzable, lo que inhibe la presentación de denuncias por parte de los beneficiarios. vi) Establecer claramente responsabilidades individuales y colectivas entre actores participantes que permitan garantizar la operación adecuada de los mecanismos de quejas y denuncias.