Libertad personal

Libertad personal.

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Libertad personal por Mind Map: Libertad personal

1. La libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido.

2. Alcance del derecho a la libertad personal

2.1. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona - cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo.

2.2. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones

2.3. “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y enlas condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. La Corte IDH se ha referido a los requisitos que deben cumplir los Estados para que una privación de libertad sea legal.

2.4. El derecho a la libertad ha sido entendido desde la perspectiva de la libertad física

2.5. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable.

3. Legalidad de la privación de libertad

3.1. A reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas”y“condiciones”de la privación de la libertad física.

3.2. Toda detención que se lleve a cabo sin orden judicial escrita, salvo delito flagrante, sería ilegal.

4. Arbitrariedad y libertad personal

4.1. Arbitrariedad y privación de la libertad

4.1.1. La prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente

4.1.2. En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales-puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.

4.1.3. “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”

4.1.4. Es importante que la causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté prevista en la ley, también es necesario que esa ley y su aplicación sean compatibles con la Convención, es decir, que respeten los siguientes requisitos:

4.1.4.1. i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legítima.Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia;

4.1.4.2. ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido;

4.1.4.3. iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional,

4.1.4.4. iv) Que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida

4.2. Arbitrariedad y prisión preventiva

4.2.1. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.

4.2.2. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva

4.2.3. La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida cautelar

5. Formas particulares de privación de libertad

5.1. Abuso de poder en la privación de libertad

5.1.1. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de suarresto

5.2. Detenciones colectivas y detenciones programadas

5.2.1. La detención colectiva puede representar un mecanismo para garantizar la seguridad ciudadana cuando el Estado cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una de las personas afectadas se encuadra en alguna de las causas de detención previstas por sus normas internas en concordancia con la Convención.

5.2.2. una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria

6. Privación de libertad y estados de emergencia o suspensión de garantías

6.1. La Convención Americana regula la suspensión de garantías en los casos de guerra, peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado Parte.

7. Información de los detenidos sobre las razones de su detención

7.1. “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. La Corte IDH ha precisado cuál debe ser la información que debe recibir la persona detenida y el momento en que debe recibir dicha información, entre otros aspectos.

7.2. En lo que respecta al artículo 7.4 de la Convención Americana, éste constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo detenido.

7.3. El detenido, al momento de ser privado de su libertad y antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según corresponda, para informarle que se halla bajo custodia del Estado. La notificación a un familiar o allegado tiene particular relevancia, a efectos de que éste conozca el paradero y las circunstancias en que se encuentra el inculpado y pueda proveerle la asistencia y protección debidas. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquél, lo cual es inherente a su derecho a beneficiarse de una verdadera defensa .En el caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul “podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión.

7.4. En relación con la alegada violación del artículo 7.4 de la Convención, esta norma alude a dos garantías para la persona que está siendo detenida:

7.4.1. i) La información en forma oral o escrita sobre las razones de la detención

7.4.2. ii) La notificación, que debe ser por escrito, de los cargos. La información de los “motivos y razones” de la detención debe darse “cuando ésta se produce”, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. El agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple y libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención.

8. Derecho a ser llevado sin demora ante un juez y derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio que continúe el proceso

8.1. Derecho a ser llevado ante un juez frente a situaciones de secuestro, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.

8.1.1. En casos de desaparición forzada de personas, la Corte ha sostenido que ésta representa un fenómeno de “privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto

8.1.2. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto

8.2. “Sin demora”

8.2.1. Tanto este Tribunal como la Corte Europea han considerado de particular importancia el pronto control judicial de las detenciones para prevenir las arbitrariedades. Un individuo que ha sido privado de su libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez, pues el cometido esencial del artículo 7 de la Convención es la protección de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado

8.2.2. La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se aplica a capturas infraganti […] y constituye un deber del Estado para garantizar los derechos del detenido

8.2.3. El significado del término “sin demora” debe examinarse a la luz de las circunstancias específicas del caso concreto.

8.3. “Juez”

8.3.1. La prescripción del artículo 7.5 de la Convención sólo fue atendida en el presente caso cuando el detenido fue llevado ante un juez del fuero ordinario.

8.4. Medio de control idóneo

8.4.1. La detención de una persona sea sometida sin demora a una revisión judicial, como medio de control idóneo para evitar las detenciones arbitrarias e ilegales. Quien es privado de libertad sin orden judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a disposición de un juez.

8.5. Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, o a ser puesto en libertad

8.5.1. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática

8.5.2. La prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención Americana, en el sentido de que no puede durar más allá de un plazo razonable, ni más allá de la persistencia de la causal que se invocó para justificarla. No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente reconocidos.

9. Derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.

9.1. Hábeas corpus frente a situaciones de secuestro, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y suspensión de garantías

9.1.1. El h[á]beas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decretar su libertad.

9.2. Autoridad judicial competente

9.2.1. Es claro al disponer que la autoridad que debe decidir la legalidad del “arresto o detención” debe ser “un juez o tribunal”. Con ello la Convención está resguardando que el control de la privación de la libertad debe ser judicial.

9.2.2. El Tribunal estima que la revisión por parte de un juez o tribunal es un requisito fundamental para garantizar un adecuado control y escrutinio de los actos de la administración que afectan derechos fundamentales.

9.3. Insuficiencia de la sola previsión formal del recurso

9.3.1. Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos, es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida.

9.4. Preeminencia del hábeas corpus, aún bajo condiciones excepcionales de detención previstas por la ley

9.4.1. La Corte ha considerado que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”

9.5. Revisión judicial sin demora

10. Privación de libertad de niñas y niños en conflicto con la ley penal

10.1. La Corte IDH ha fijado estándares más estrictos para la privación de libertad de niños y niñas, tomando en consideración su interés superior. En atención a este principio, la privación de libertad solo puede ser utilizada como medida de última ratio, con un límite temporal y revisada periódicamente.

10.2. Por lo que respecta particularmente a medidas o penas privativas de la libertad de los niños, aplican especialmente los siguientes principios:

10.2.1. 1) de ultima ratio y de máxima brevedad, que en los términos del artículo 37.b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, significa que “[l]a detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño […] se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”

10.2.2. 2) de delimitación temporal desde el momento de su imposición, particularmente relacionado con los primeros, pues si la privación de la libertad debe ser excepcional y lo más breve posible, ello implica que las penas privativas de libertad cuya duración sea indeterminada o que impliquen la privación de dicho derecho de forma absoluta no deben ser aplicadas a los niños, y

10.2.3. 3) la revisión periódica de las medidas de privación de libertad de los niños. Al respecto, si las circunstancias han cambiado y ya no es necesaria su reclusión, es deber de los Estados poner a los niños en libertad, aun cuando no hayan cumplido la pena establecida en cada caso concreto. A estos efectos, los Estados deben establecer en su legislación programas de libertad anticipada. Sobre este punto, el Comité de los Derechos del Niño, con base en el artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prevé la revisión periódica de las medidas que implican la privación de libertad, ha establecido que “la posibilidad de la puesta en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico”