Clasificación de los artículos constitucionales.

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1. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

2. Ningún juicio penal deberá tener más de tres instancias.

3. Existirá inmediación en el proceso cuando el o los jueces que van a resolver sobre alguna cuestión tomen conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia y escuchen directamente los argumentos de las partes con la presencia interrumpida de los sujetos procesales que deben participar en ella

4. Artículo 16

4.1. Cuando la Constitución en su artículo 16 establece que "nadie puede ser molestado...", se refiere a toda clase de sujeto que tenga interrelación con el Estado. Esto es, se refiere tanto a personas físicas como a personas jurídicas o morales. Dentro de éstas, el derecho se refiere principalmente al caso de particulares frente a la acción del Estado, aunque es posible también que personas morales oficiales puedan invocar la violación a estos derechos en los casos de afectación a su patrimonio cuando estén en una relación de subordinación frente a otro ente estatal

4.2. En cuanto al objeto de protección de los derechos contenidos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, debemos mencionar que se refiere únicamente a los actos de molestia, aunque nuestros tribunales han establecido que en relación con actos de privación también debe cumplirse con los requisitos del artículo 16.

4.2.1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) en Pleno, al interpretar estas disposiciones constitucionales en la jurisprudencia: [...] Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o su-presión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento[...] Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.

4.3. Los derechos contenidos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, están dirigidos para su respeto y cumplimiento a todo agente del Estado, esto es, a toda autoridad, sea ésta administrativa, legislativa o judicial, aun cuando existan particularidades en la manera en que cada una de ellas tenga que cumplir con tales derechos.

4.3.1. Validez de actos de molestia.

4.3.1.1. El primero de los requisitos de validez de los actos de molestia, se encuentra en la necesidad que el mandamiento de la autoridad se encuentre por escrito. Esto excluye por principio de cuentas la posibilidad de emitir tales actos por medio de órdenes verbales

4.3.1.2. El segundo de los requisitos de validez del acto de molestia, es el concepto de autoridad competente.

4.3.1.2.1. .

4.4. se desprende ciertamente una obligación positiva o formal de las autoridades estatales en el sentido de tener que incluir en el documento por escrito que contenga el acto de autoridad la cita clara y precisa de las normas aplicables al caso que justifiquen la causa legal de su proceder. La obligación de motivar los actos de molestia, se ha definido como el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo razonar además la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables a efecto de justificar la configuración de las hipótesis normativas citadas en la fundamentación.

5. Artículos de seguridad jurídica.

5.1. Artículo 14

5.1.1. 1) A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

5.1.1.1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado: “La retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado, cuando rige o pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia retro-obrando en relación a las condiciones jurídicas que antes no fueron comprendidas en la nueva disposición y respecto de actos verificados bajo una disposición anterior. Ahora bien, la Constitución General de la República consagra el principio de la retroactividad, que causa perjuicio a alguna persona, de donde es deducible la afirmación contraria, de que puede darse cuenta de efectos retroactivos a la ley si ésta no causa perjuicio, como sucede seguido, tratándose de leyes procesales o de carácter penal, sea que establezcan procedimientos o recursos benéficos, o que hagan más favorable la condición de los indiciados o reos de algún delito.

5.1.1.2. Artículo 9 Pacto de San José. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no sean delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone de la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

5.1.2. se desprende ciertamente una obligación positiva o formal de las autoridades estatales en el sentido de tener que incluir en el documento por escrito que contenga el acto de autoridad la cita clara y precisa de las normas aplicables al caso que justifiquen la causa legal de su proceder

5.1.3. 2) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio.

5.1.3.1. Articulo 7.1, 7.2 y 7.3 Pacto de San José: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario

5.1.4. 3) En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

5.1.4.1. Articulo 11.2 Declaración Universal de Derechos Humanos: Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

5.1.5. 4) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra oa la interpretación jurídica de la ley, ya falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

5.1.5.1. este principio lo podemos encontrar en los artículos 18, 19 y 20 del código civil federal vigente: Artículo 18.- El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Artículo 19.- Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho. Artículo 20.- Cuando haya conflicto de derechos, una falta de ley expresa que sea aplicable , la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.

5.2. Artículo 15

5.2.1. Prohíbe la celebración de tratados internacionales para la extradición de reos políticos.

5.2.2. Prohíbe la celebración de tratados internacionales para la extradición en el caso de personas que hayan tenido la condición de esclavos en el Estado requirente.

5.2.2.1. Dicha prohibición debe de ser interpretada conjuntamente con lo establecido por el artículo 2o. constitucional y es congruente con la normativa internacional que condena y proscribe la esclavitud. El esclavo perseguido al entrar en la República se convierte en hombre libre y recibe la protección constitucional, que lo ampara para no ser devuelto al país que solicita su extradición.

5.2.3. Prohíbe la celebración de tratados internacionales o convenios en los que se alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

5.2.3.1. Lo que aquí se prohíbe es la celebración de tratados que disminuyan los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; una interpretación distinta implicaría la prohibición de tratados que amplían dichos derechos y garantías, como sería el caso de nuevos tratados que celebrara México en materia de protección de los derechos humanos, por ejemplo.

5.3. El principio de no extradición de reos políticos permite la existencia de las figuras inter-nacionales del asilo2 y el refugio, reconocidas ambas en el artículo 11 constitucional, dicha consagración constitucional es un reflejo de la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México con las personas que infracciones de sus derechos en sus países de origen o de residencia.

5.3.1. ¿Qué es un reo político?

5.3.1.1. Existe una problemática en cuanto a la definición de reo político acaso ¿es aquél que comete un delito político según el derecho interno de cada Estado? A nivel internacional no existe un acuerdo sobre cuáles son los delitos políticos, por lo que dicha determinación corresponde a cada Estado y lo que éstos determinen en sus leyes y en los tratados de extradición que celebren según los principios de doble incriminación y reciprocidad.

5.4. Artículo 17

5.4.1. El primer párrafo del artículo 17 constitucional prescribe, en forma categórica, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, lo que no es sino prohibir la autotutela o autocomposición violenta de los litigios

5.4.2. El segundo párrafo del mismo articulo precisa que toda persona tiene el derecho funda-mental a que se le administre justicia por los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a este derecho público subjetivo como el que toda persona tiene para acceder a los tribunales con el objetivo de plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión

5.4.3. Conforme con el texto constitucional, en México las personas tienen los siguientes derechos fundamentales: a) De acceso a la función jurisdiccional, como contraprestación correspondiente a la prohibición de la autotutela o autocomposición violenta de los litigios. b) Los derechos a la acción procesal y a la defensa, también denominada garantía de audiencia, que se derivan del anterior.

5.4.4. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

5.4.4.1. Articulo 7.7 Pacto de San José Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

5.4.4.1.1. New node

5.5. Artículo 18

5.5.1. el primer párrafo de este artículo establece dos prevenciones fundamentales: Una, prescribe que la privación de la libertad llamada prisión preventiva se imponga únicamente en los casos de delitos que la ley castigue con pena corporal, lo que en la práctica se traduce en la no aplicación de esta medida cautelar cuando la pena señalada sea solamente pecuniaria e, incluso, cuando la misma es también alternativa. Otra, ordena que los establecimientos destinados a prisión preventiva y aquellos donde se extinguen las penas deben ser distintos y encontrarse completamente separados. Lo anterior se explica dado que en uno y otro caso la privación de la libertad obedece a causas diferentes, pero de ello también se infiere la preocupación por evitar la promiscuidad en las relaciones entre delincuentes primarios y los habituales e, inclusive, entre éstos y personas que, a final de cuentas, pueden resultar completamente inocentes.

5.5.2. Al mismo tiempo, la primera frase del segundo párrafo impone a los gobiernos, tanto federal como estatales, la obligación de organizar sus respectivos sistemas penales con miras a la readaptación social del delincuente, a través de la educación y del hábito y capacitación para el trabajo

5.5.3. En función de dicho objetivo de readaptación social del delincuente, que debe orientar a los modernos establecimientos penitenciarios, y tomando en cuenta la mayor disponibilidad de recursos de todo tipo con que cuenta el gobierno federal, los párrafos tercero y quinto de este precepto autorizan, respectivamente, la celebración de convenios generales entre los estados de la República y la federación, para el traslado de reos sentenciados del orden común de las entidades federativas a los establecimientos dependientes del ejecutivo federal, y la celebración de tratados internacionales con otros países para el intercambio recíproco de los reos extranjeros por los nacionales. Sin embargo, el traslado respectivo de los reos queda condicionado al consentimiento expreso de los mismos.

5.6. Artículo 19

5.6.1. El plazo constitucional de las 72 horas

5.6.1.1. Este plazo comienza a correr desde el momento en que el probable autor del delito es puesto a disposición de la autoridad judicial, si en esas 72 horas no se dicta un auto de formal prisión, deberá dictar uno de libertad o de sujeción a proceso, este plazo pude prorrogarse si se cumplen ciertos requisitos y podrá solicitarlo el indiciado o el defensor. * Esto es un rango de tiempo para el que se presume que culpable, y este es el tiempo que se tiene para tener una averiguación previa, y este tiempo es improlongable.

5.6.2. Requisitos del auto de vinculación a proceso

5.6.3. Auto de formal prisión

5.6.3.1. El auto de formal prisión fija el tema del proceso, abre el periodo de instrucción, al establecer por qué delito o delitos deberá ser procesada la persona contra quién se dicto, al dictar el auto, es indispensable mencionar todos los elementos constitutivos del delito, incluyendo sus modalidades calificativas, referidas a las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión en que se llevo a cabo. Otros efectos del auto de formal prisión consiste en justificar la prisión preventiva, suspender las prerrogativas del ciudadano y marcar el inicio del plazo fijado por la constitución para dictar sentencia. El auto de formal prisión limita la sentencia a no poder referirse a delito distinto del que se haya señalado.

5.6.3.2. Estos se enuncian de la siguiente manera: “se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado”. Los requisitos deben cumplirse obligatoriamente, aún cuando las leyes secundarias contemplen otros que parezcan más beneficios para el inculpado

5.6.3.3. La propia jurisprudencia de la Primera Sala ha especificado qué debe incluirse en el auto de vinculación a proceso para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión

5.7. Artículo 20

5.7.1. El proemio del artículo 20 constituye la columna vertebral del nuevo modelo del Sistema Penal mexicano. Establece como características esenciales que el pro-ceso será acusatorio y oral. De igual forma, resulta de especial importancia que se hayan señalado cinco principios procesales como los que darán sustento al modelo mexicano: los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En las líneas que siguen iremos desglosando el contenido de cada uno de estos elementos:

5.7.1.1. El proceso penal acusatorio

5.7.1.1.1. El modelo penal acusatorio se caracteriza por *Separación de las tres funciones fundamentales en el proceso: acusar, defender y juzgar *Igualdad procesal de las partes *La valoración de las pruebas no es tasada sino basado en los criterios de la libre valoración-ración y de la sana crítica *Exclusión de la prueba ilícita *Iniciativa procesal y, en especial, probatoria de las partes que se traduce en una actitud generalmente pasiva del juez *Límites en la aplicación de las medidas cautelares, en especial de la prisión preventiva *Límites a la posibilidad de recurrir la sentencia *Contradicción *Publicidad, y *Forma oral

5.7.1.2. Principios

5.7.1.2.1. El articulo 20 establece con toda claridad cinco principios que constituyen la esencia del modelo mexicano: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

5.7.2. Derechos del imputado

5.7.2.1. Todas las garantías previstas para el imputado regirán en todo momento del procedimiento, a partir de que el Ministerio Público formule su imputación. Por otra parte, como ha señalado la doctrina (Guillén y Madrid, 2013), el apartado B, expresa: 1) Se estima garantía fundamental el que ninguna persona pueda ser considerada culpable ni sometido a pena alguna, se debe comprobar la culpabilidad y no la inocencia. 2) Mantiene el derecho de guardar silencio, sin que este pueda ser usado como indicio de culpabilidad, haciéndoselo saber en el momento mismo de la detención, quedando prohibido toda incomunicación o violencia física. informarse al acusado de todos los hechos que se le imputan y los derechos que se le otorgan. 4) Sostiene el ya existente derecho a ofrecer prueba pertinente, que implica el establecer la condición de oportunidad para el ofrecimiento de prueba y el auxilio que se pudiera requerir para obtener la comparecencia de testigos. 5) Instaura que toda persona será juzgada en audiencia pública por órgano jurisdiccional. En determinados supuestos se limitarla publicidad de los juicios para los efectos de protección de bienes, datos personales, víctimas o testigos menores de edad, tal condición no deberá afectar el derecho a la defensa. 6) Determina el derecho que posee el imputado de que se le proporcione toda información necesaria para ejercer su derecho y el ser juzgado en el término de cuatro meses, salvo en excepciones en las que él mismo solicite mayor plazo para su defensa. 7) Se instituye la regla del derecho a una defensa adecuada, y; 8) Aparecen nuevas reglas para limitar la prisión preventiva

5.7.3. Derechos de la victima

5.7.3.1. Los derechos de la víctima u ofendido se enlistan en el apartado C, mismo que en síntesis pueden expresarse de la manera siguiente: 1) Recibir asesoría jurídica e información sobre sus derechos, así como del desarrollo del proceso. 2) Coadyuvar con el Ministerio Público y participar aportando los datos o elementos de prueba con los que cuente, así como al desahogo de todas las diligencias correspondientes. Además se le otorga el derecho a intervenir en juicio e interponer los recursos en los términos que previene la ley. 3) A recibir atención médica y psicológica de urgencia, desde la comisión del delito. 4) A la reparación del daño causado en su contra, mediante procedimientos ágiles fijados por las leyes, y sin que pueda ser objeto de absolución dicha reparación.5) Resguardo y protección de su identidad, si se tratare de víctimas menores de edad, de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; o a criterio del juzgador, cuando lo considere necesario para la protección de la víctima.6) A solicitar las medidas cautelares y providencias para la proteger y restituir sus derechos.7) A impugnar los actos que el Ministerio Público omita durante la investigación de los delitos, así como el desistimiento de la acción penal o suspensión de procedimiento, cuando considere que no se le ha satisfecho la reparado el daño

5.8. Artículo 21

5.8.1. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías

5.8.1.1. El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya funciones dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. No podrá ejercer funciones jurisdiccionales

5.8.2. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial

5.8.3. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal

5.8.3.1. Artículo 256 CNPP. Casos en que operan los criterios de oportunidad Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad. II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave. IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio. VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal

5.9. Artículo 22

5.9.1. el primer párrafo de esta disposición constitucional —con el fin de preservar la integridad y la dignidad que debe ser asegurada a todo ser humano, encuéntrese éste en situación de proceso o trátese de un delincuente ya sentenciado— prohíbe, expresamente, un cierto número de penas inhumanas e infamantes, haciendo extensiva esta prohibición a todas aquellas penas que tengan un carácter inusitado y trascendental, es decir, tanto las no previsto por la legislación, como las que afecten a personas distintas al inculpado o al sentenciado.

5.9.2. Tratándose de la confiscación de bienes, el propio precepto se encarga de aclarar que no debe entenderse como tal, la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, decretada sea por la autoridad judicial para reparar los daños y perjuicios resultantes de la comisión de un delito, sea, y aquí se trata desde luego de la autoridad administrativa, para el pago de impuestos o multa

5.9.3. Cabe destacar la prevención del tercer párrafo de este artículo, que se refiere a la prohibición pena de muerte

5.9.3.1. Artículo 4 Pacto de San José. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, desde el momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni conexiones comunes con los políticos. 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

5.10. Artículo 23

5.10.1. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia

6. Articulos de Propiedad

6.1. El Artículo en comento, contiene una serie de disposiciones que son garante de la libertad de comercio, al señalar las prohibiciones expresas para la existencia de monopolios y estancos, así como la exención de impuestos y otras prohibiciones que se hagan para la protección de la industria nacional, en lo referente a la empresa privada, al tiempo que determina aquellas actividades que se reserva de manera exclusiva y que serán consideradas como estratégicas y prioritarias para el mismo, las cuales no podrán ser consideradas como monopolios.

6.2. Artículo 27

6.2.1. Articulo 14.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

6.2.2. La Independencia del país no introdujo cambios importantes en la relación con la propiedad de la tierra. Los despojos de tierras de los campesinos continuaron, ahora por parte de los dueños de las haciendas. Las peticiones que los campesinos hicieron a las autoridades públicas para que les reconocieran la propiedad de sus tierras no prosperaron; por el contrario, los hacendados contaron con el apoyo del gobierno para despojar a los pueblos y comunidades. El problema de la tierra aumentó durante la dictadura de Porfirio Díaz, quien favoreció a sus empleados y amigos; les dio entera libertad para apropiarse de las tierras de los pueblos y comunidades. La Constitución Política de 1917 incluyó el articulo 27 con el fin de resolver el problema de la propiedad de la tierra y atender las reclamaciones de las comunidades campesinas y grupos étnicos.

6.2.2.1. Entre las principales disposiciones del Artículo 27° constitucional , redactado y aprobado en 1917 , destacan las siguientes: 1.- Toda la propiedad que se encuentre en el territorio mexicano será de sus habitantes (Nación) y se podrá desafectar, es decir, se puede cambiar de régimen público a régimen privado. 2- Se puede expropiar si es de interés general, pero se indemniza 3- La propiedad privada debe cumplir una función social, no pueden existir tierras que no se aprovechen económicamente. 4- Todas las riquezas encontradas en el territorio mexicano pertenecen a los mexicanos, en cuanto al mar, se determina que pertenece a la Nación por medio de el Derecho Internacional. 5- La propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible, es decir, no se acaba el derecho por que alguien posea esta propiedad, este no podrá hacerse dueño. La energía nuclear sólo se utilizará para medios pacíficos 6- Los mexicanos por nacimiento o naturalización pueden adquirir la propiedad, y los extranjeros siempre y cuando concurra a la Secretaría de Relaciones, pero no podrán adquirir territorios cercanos a las fronteras, ni a las playas. Las sociedades de educación no pueden adquirir más bienes que los necesarios para llevar a cabo su fin. 7- Los procedimientos para llevar a cabo las acciones de propiedad serán judiciales, y rendida la sentencia ejecutoria no se podrá hacer más. 8-Los indígenas gozan de protección de sus tierras, ya sean ejidos o comunitarios. 9- No pueden haber latifundios, la máxima extensión de tierra que se puede tener es de 100 hectáreas por individuo. Y si se dedican a cultivos será de 150 hectáreas. 10- El Estado fomentará el desarrollo de las actividades agropecuarias con el fin de mejorar la calidad de vida de los campesinos.

7. Artículos rectoría económica del Estado

7.1. Artículo 25

7.1.1. Este artículo señala que la rectoría del desarrollo nacional debe garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento, el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el ejercicio pleno de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. Así, “el precepto orienta esta importante facultad del Estado, de rectoría del desarrollo nacional, atendiendo a los valores políticos sobre los que se funda nuestra Constitución: soberanía de la nación, en su aspecto interno y externo, régimen democrático, justicia social y libertades garantizadas por la constitución”

7.1.2. El artículo 25, define principios y reglas sobre el sistema de economía mixta que postula la Constitución, en el que los sectores público, privado y social deben concurrir con responsabilidad social; y señala que el sector público tendrá a su cargo las áreas estratégicas de la economía; y que asimismo, habrá áreas prioritarias que puede absorber el Estado o compartir con los particulares conforme al régimen de economía mixta

7.1.2.1. Economía Mixta

7.1.2.1.1. Una economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con el sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado (ley de oferta y demanda). No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. Por tanto, en este sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía (los hogares y empresas), que deciden qué, cómo y dónde producir. Pero al mismo tiempo, la actuación del Estado también está presente, cubriendo los fallos de mercado, una economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con el sector público , que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado ( ley de oferta y demanda ). No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. Por tanto, en este sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía (los hogares y empresas), que deciden qué, cómo y dónde producir. Pero al mismo tiempo, la actuación del Estado también está presente, cubriendo los fallos de mercado, como por ejemplo proveyendo a la población de bienes públicos o redistribuyendo la riqueza a través de impuestos y subvenciones para establecer una sociedad más equitativa.

7.1.3. Además establece que se apoyará e impulsará a las empresas del sector social y privado bajo criterios de equidad social y productividad. De este modo, se pretende que el Estado no pueda tener una actitud pasiva o neutra frente a los procesos del desarrollo

7.2. Artículo 26

7.2.1. En su contenido se institucionaliza la planeación democrática del desarrollo nacional para imprimir “solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”

7.2.2. Dispone la elaboración de un plan nacional al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal; y faculta al ejecutivo federal a establecer los procedimientos de participación ciudadana en la consulta popular, los órganos responsables y las bases para celebrar convenios con los estados en esta materia.

7.2.3. Otorga facultades al ejecutivo federal para inducir y concertar con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

7.2.4. El sistema nacional de planeación que establece el artículo 26, tiene cuatro vertientes:

7.2.4.1. Obligatoria: se refiere a los planes y programas de la administración pública federal.

7.2.4.2. Coordinada: se realiza mediante el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativa.

7.2.4.3. Inductiva: consiste en la acción del gobierno federal para propiciar conductas de los particulares que apoyen los objetivos y las acciones que se derivan de la planeación nacional.

7.2.4.4. Concertada: se refiere a los pactos y acuerdos del ejecutivo federal con los particulares, individuos o agrupaciones, respecto a ciertas acciones que requieren ser tratadas de este modo.

7.3. Artículo 28

7.3.1. El texto del Artículo 28 es el producto de una larga y constante evolución en la forma en que se plantea la intervención del Estado mexicano en materia económica y comercio.

7.3.2. Establece la existencia, funciones y facultades de un banco único de emisión y faculta al Estado para contar con los organismos y empresas que requieren para el manejo eficaz de las áreas y actividades prioritarias a su carga, siendo el sustento de las industrias paraestatales y de la economía mixta en nuestro país.

7.3.3. Establece la existencia, funciones y facultades de un banco único de emisión y faculta al Estado para contar con los organismos y empresas que requieren para el manejo eficaz de las áreas y actividades prioritarias a su carga, siendo el sustento de las industrias paraestatales y de la economía mixta en nuestro país.