1. LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE Y LEY PENAL DEL AMBIENTE (2012).
1.1. Artículo 2
1.1.1. Se prevé la aplicación de ley a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se producen en Venezuela.
1.2. Artículo 3
1.2.1. La responsabilidad penal, a los efectos de los delitos ambientales, cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa, es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad.
1.3. Artículo 4
1.3.1. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento.
1.4. Artículo 10
1.4.1. Conjuntamente con las sanciones y las medidas restitutivas y reparatorias, el juez podrá acordar en las sentencias la obligación de realizar experticias, a costa del condenado o condenada, cada año y hasta por diez veces, a fin de determinar la efectiva eliminación de los riesgos ambientales, cuando se sospeche su aparición futura o no sea posible su eliminación inmediata.
2. DEFINICIONES
2.1. Gestión Ambiental
2.1.1. Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.
2.2. Desarrollo sustentable
2.2.1. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
2.3. Sistemas correctivos
2.3.1. Sistemas correctivos de la contaminación ambiental: Dada la complejidad y magnitud del conjunto de problemas que generan los conflictos sociales, se hace indispensable la intervención de todos los sectores para minimizarlos y corregirlos.
2.3.2. Sistemas correctivos administrativos: Sobre esta base, se definen siete grandes proyectos estratégicos: la inserción inteligente en la globalización, equilibrios macroeconómicos con equidad, competitividad con equidad, transformación de la educación y el conocimiento, calidad de vida, solidaridad social, conservación del ambiente, reforma del estado y ordenación del territorio.
2.3.3. Sistemas correctivos legales: La normativa social amplia y avanzada, está formada por un complejo conjunto de leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas.
2.3.4. Sistemas correctivos técnicos: Los desequilibrios sociales generan problemas muy complejos en cuanto a variedad, composición y magnitud, se señalarán algunas acciones que se pueden realizar: .- Realizar investigaciones que permitan definir un nuevo estilo de desarrollo para el país. .- Desarrollar estudios que permitan la ordenación del territorio. .- Elaboración del Plan Nacional del Ambiente.
3. CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999):
3.1. Artículos
3.1.1. Al analizar el artículo 127, se puede observar, de manera clara, la alusión que se realiza, no sólo a los derechos y deberes de la población, sino al papel fundamental del Estado venezolano, como garante de un ambiente libre de contaminación para los ciudadanos.
3.1.2. El artículo 128,hace referencia fundamentalmente a las competencias de orden administrativo asignadas al Estado como medios para coadyuvar al goce de los derechos ambientales por parte de la población de Venezuela, para ello, otorga la potestad para desarrollar una política de ordenación del territorio, pero establece a su vez de manera explicita los criterios que deben atenderse, los cuales hacen referencia a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, así como el enfoque de referencia bajo el cual deberá desarrollarse al declarar de manera explicita el desarrollo sustentable y la participación ciudadana, como parte integral de la políticas que se generen.
3.1.3. Otro de los avances en materia ambiental, esta representado en el artículo 129, por el rango constitucional asignado a las Evaluaciones de Impacto Ambiental a las que deben ser sometidas de manera previa todas las actividades que pudieran ocasionar daños a los ecosistemas. Así mismo se declara la competencia del Estado para impedir la entrada de desechos tóxicos al territorio nacional y la fabricación de armas de tipo nuclear, químico y biológico.
4. TRATADOS O CONVENIOS
4.1. Kioto
4.1.1. El Protocolo de Kyoto pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de conformidad con las metas individuales acordadas
4.1.2. El objetivo principal del Protocolo de Kioto es disminuir el cambio climático antropogénico cuya base es el incremento forzado del efecto invernadero.
4.1.3. 192 países (Unión Europea, Islas Cook, Niue y todos los estados miembros de la ONU, excepto Andorra, Canadá, Sudán del Sur y Estados Unidos)
4.2. Paris
4.2.1. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante.
4.2.2. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
4.2.3. Actualmente, los países del G20 que están cumpliendo la palabra dada en París son China, el conjunto de la UE (Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia), India, Indonesia, Arabia, Rusia y Turquía.