1. Problemas
1.1. Falta de voluntad política para continuar la implementación.
1.1.1. Disminución o demora en la asignación de recursos.
1.2. Comunidades fraccionadas, sin capacidad de agencia colectiva.
1.3. Desconfianza en el Estado.
1.4. Subsistencia de amenazas y coacción por parte de otros grupos al margen de la ley.
1.5. Falta de seguimiento y evaluación de la implementación.
1.6. Falta de vigilancia de la sociedad civil y la academia.
1.7. Deficiencia de articulación entre los enfoques sistémico, diferencial -de género y étnico- y territorial.
2. Oportunidades de mejora
2.1. Diseñar e implementar políticas orientadas a prevenir la conflictividad y a mejorar la seguridad de la población, también con enfoque territorial.
2.2. Promover la legitimidad o confianza en las instituciones que componen el sistema de justicia y, en general, en el Estado.
2.2.1. Conocimiento acerca de los derechos y la forma para reclamar su protección efectiva.
2.2.2. Capacitación a funcionarios y operadores de la justicia sobre el contexto y las necesidades del territorio.
2.2.3. Lucha contra la corrupción.
2.2.4. Conocimiento acerca de los derechos y la forma para reclamar su protección efectiva.
2.3. Ajustar la oferta de justicia a las necesidades del territorio.
2.3.1. Caracterización territorial de las necesidades jurídicas.
2.4. Fomentar lazos de cohesión social entre los miembros de la comunidad para evitar que desemboque en justicia privada.
2.4.1. Apropiación del sistema constitucional de protección de derechos para la solución de cualquier conflicto, sin importar su naturaleza.
2.5. Articulación, coordinación y cohesión entre las instituciones y operadores encargados de gestionar el acceso a la justicia desde una perspectiva sistémica.
2.5.1. Comunicación efectiva entre los operadores de justicia y los ciudadanos.
2.5.2. Articulación efectiva entre la justicia formal, la justicia propia -Jurisdicción Especial Indígena y Consejos comunitarios Afro-, la justicia administrativa, la administración municipal y la justicia comunitaria.
2.6. Priorizar el acceso a las víctimas, la población vulnerable e históricamente excluida de la administración de justicia.
2.7. Asignación de recursos fijos a través de la promulgación de una Ley Estatutaria que asegure dicho presupuesto a pesar del cambio de gobierno.
2.7.1. Gestión permanente de recursos a través de cooperación internacional.
2.8. Vigilancia y seguimiento
2.8.1. Importancia del Ministerio de Justicia como la entidad centralizada capaz de vigilar la implementación y el desarrollo de los SLJ.
2.8.2. Creación de un Observatorio de SLJ con el objetivo de hacer una retroalimentación y recomendaciones desde la academia.
2.8.3. Recopilar datos y cifras acerca de todas las fases de implementación en cada territorio a través de TICs.
2.8.4. Operación y fortalecimiento del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, Comités Regionales y Comités Locales de Justicia.