1. Fase Preparatoria
1.1. Constituye la fase de investigación bajo la dirección del Ministerio Público, la cual básicamente tiene como objeto la recolección de todos los elementos de convicción necesarios para fundar la acusación fiscal a los fines de solicitar el enjuiciamiento del imputado.
1.1.1. En esta fase el proceso inicia de la siguiente forma: De Oficio, por denuncia o querella.
2. Fase Intermedia
2.1. Estará a cargo del Tribunal de control, al que le corresponde hacer respetar las garantías procesales, decretar la medida de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar y la aplicación del procedimiento por admisión de hechos.
2.1.1. En esta fase, constituye el acto fundamental la celebración de la audiencia preliminar motivada por la acusación del Ministerio Público y en la cual corresponderá al tribunal de control decidir, al final de la misma, acerca del requerimiento, admitiéndolo total o parcialmente.
3. Fase Juicio Oral
3.1. Fase esencial en la que se desarrolla el debate entre las partes y en la que se concretan los principios de inmediación, publicidad, oralidad, concentración y continuidad, estando la actividad probatoria regida por los principios de contradicción e igualdad.
3.1.1. Su finalidad es la de resolver el conflicto que dio lugar al juicio.
3.1.1.1. Esta fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio que se integrarán con jueces profesionales que se rotarán anualmente y con el secretario que se les asigne.
4. Fase de Ejecución Penal
4.1. En esta fase, el Juez correspondiente velará por el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. De igual forma velará por los derechos del condenado.
4.1.1. De igual forma velará por los derechos del condenado; conoce de las solicitudes de beneficios procesales como lo son las formas alternativas de cumplimiento de pena.
4.1.1.1. -Libertad condicional. -Destacamento de trabajo. -Confinamiento. -Supresión condicional de la ejecución de la pena.
4.1.1.1.1. El juez de Ejecución puede otorgar o negar estos beneficios procesales; en ambas circunstancias las decisiones son apelables por la parte interesada.