1.1. La constatación de que los recursos son limitados y no alcanzan para satisfacer necesidades que son ilimitadas.
1.2. La focalización del destino de los recursos públicos haciendo un uso racional del presupuesto es decir una correcta administración del gasto en justicia.
2. La seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema económico.
2.1. Seguridad jurídica es el atributo del sistema legal que otorga confianza a los ciudadanos, éste consagra y respeta de manera efectiva las garantías judiciales.
2.2. En economía, los costos de transacción son aquellos que envuelve negociar un acuerdo y lograr su cumplimiento.
3. Una política pública debe comprender una serie de intereses de importancia social que permitirán guiar y definir los procesos de reforma.
4. Operar como una válvula que permita accionar sus diversas garantías procesales en el evento que efectivamente surjan conflictos.
5. Debido proceso
5.1. Constituye una contribución invaluable para el avance de los derechos fundamentales de todos los seres humanos y debe formar parte de cualquier mirada evaluativa que se haga sobre la justicia e inspirar toda iniciativa de reforma.
6. Otros objetivos posibles.
6.1. En la actualidad mercados altamente globalizados los cuales se requiere la implementación del uso de tecnologías.
6.2. Transparencia al sistema de justicia civil, mejorar los controles y configurar en forma positiva los incentivos, todo ello con el fin de eliminar o al menos aplacar los focos de corrupción.
