1.1. Este principio se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecional mente establezca, de acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato.
2. Principio de la buena fe
2.1. Este principio tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado.
3. Principio de publicidad
3.1. Este indica la necesidad de difusión pública de información concerniente a la contratación pública. Esto es, que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera pública y ajustada a derecho
3.2. Todas las actuaciones y decisiones deben ser puestas en conocimiento de los interesados a través de comunicaciones, notificaciones o publicaciones.
4. Omisión al deber de planeaciòn
4.1. En tal virtud, el deber de planeación, como manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica. Bajo estos presupuestos, es necesario que los contratos estatales estén debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y así satisfacer el interés público
5. Principio de la previsibilidad
5.1. Implica la sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las partes intervinientes, de los riesgos o contingencias del contrato, de manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre la base de la anticipación, lo más completa posible, de todos aquellos eventos que puedan a futuro impactar la conmutatividade
6. Principio de la economía
6.1. Este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal
7. Principio de planeaciòn
7.1. Este principio impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad
7.2. La única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público
7.3. El ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad. Omitir dicho deber o principio puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por ilicitud del objeto.
8. principio de la igualdad
8.1. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a otros oferentes y recibir el mismo tratamiento
9. Principio de la trasparencia
9.1. La escogencia del contratista en el contrato de concesión debe hacerse por medio de la licitación publica , no admite forma diferente para seleccionarlo ante la falta de normas señaladas el contrato es nulo
10. Libre concurrencia
10.1. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar
