RESUMEN. CLAUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN EN COLOMBIA.

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
RESUMEN. CLAUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN EN COLOMBIA. por Mind Map: RESUMEN. CLAUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN EN COLOMBIA.

1. Tipificada en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

1.1. Norma en la que se pueden tipificar todas las conductas atípicas que, si bien no se pueden subsumir dentro de alguno de los comportamientos específicos que encontramos en los artículos del 8 al 19, es de mercado, tiene una finalidad concurrencial y un carácter desleal.

1.2. Hay una serie de parámetros que trae la norma cuya violación acarrea la violación de la cláusula general: a-La buena fe comercial. b-Las sanas costumbres mercantiles o usos honestos en materia industrial o comercial. c- El funcionamiento concurrencial del mercado. d-Afectar la decisión del comprador o consumidor.

2. ¿QUÉ DICE LA JURISPRUDENCIA DE LA SIC SOBE LA CLÁUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN?

2.1. En Colombia el artículo 7 contiene el objetivo de la Ley 256 y actúa como principio informador del sistema de actos de competencia desleal. Por lo tanto, irradia y le da sentido a las otras conductas al poner el principio de buena fe como principal corolario de la competencia. Así, la buena fe y los usos honestos en el comercio son lo que se exige a los participantes en el mercado y aunque esto se enuncia en el artículo 7, irradia a toda la Ley 256. Esto, pues lo que se sanciona con la prohibición de actos de competencia desleal es la contravención a los deberes de buena fe. Es por esto que la Superintendencia habla de la cláusula general de prohibición como principio informador, pues la exigencia de actuar acorde con él está detrás del artículo 7 como también de los artículos 8 a 19.

2.2. Así mismo, se desarrolla el concepto de buena fe contenido en la cláusula de prohibición general, aclarando que es un deber actuar acorde con los usos sociales y buenas prácticas mercantiles imperantes en un lugar y momento histórico. Por lo cual, este deber debe analizarse caso a caso y teniendo en cuenta las siempre cambiantes prácticas de los comerciantes. Igualmente, la buena fe a la que se refiere el artículo impone un deber verdadero de conducta, en cuanto a las costumbres de los comerciantes, dando un sentido de profesionalismo a su actuar, pues se aclara que no es la buena fe en general, sino la buena fe comercial, que debe observarse en toda participación en el mercado y no solo en las relaciones entre competidores.

2.3. . El análisis de si una conducta es o no leal se realiza a la luz de los usos habituales considerados leales por quienes actúan habitualmente en el comercio. Las actuaciones en el comercio, para ajustarse a la buena fe tienen que respetar ciertos principios, como son: honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad, sinceridad y obtención de ventajas a través del esfuerzo propio, los cuales deben regir a los participantes en el mercado en todas sus actuaciones

2.4. En los mismos términos, para actuar de buena fe debe tenerse la convicción de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo de los negocios. Por otro lado, a través de la jurisprudencia se evidencia la confusión que existe respecto del carácter de la cláusula general de prohibición, ya que en la mayoría de casos los demandantes siempre invocan la violación del artículo 7, pero desarrollan una argumentación encaminada a la declaración de que el demandado incurrió en conductas desleales contempladas específicamente en la ley como tales en los artículos subsiguientes.

2.5. Al comienzo pudimos ver que la Superintendencia de Industria y Comercio, en algunas ocasiones, solo le da un tratamiento como principio informador a la cláusula general de prohibición, declarando su violación con fundamento en que existió una de las conductas que se tipifican en los artículos 8 a 19. En nuestra opinión, este es un acercamiento errado a la norma, ya que desnaturaliza el carácter de los actos específicos, tipificados como tales por la propia ley, sometiéndolos al estudio de deslealtad del artículo 7, cuando el texto de los mismos artículos 8 a 19 obsta para analizar si la conducta fue leal o no y, por tanto, si se incurrió en un acto específico de competencia desleal.

2.6. Ahora bien, a partir del año 2005 la Superintendencia comienza a reconocer la cláusula general de prohibición como una norma que reprime conductas desleales en sí misma, al poner de presente el carácter enunciativo que tienen las conductas específicas de los artículos 8 a 19. Como se dijo en su momento, la cláusula general fue introducida por la ley para reprimir las conductas que atenten contra la buena fe y la lealtad, pero que hayan escapado a la previsión del legislador a la hora de redactar las conductas específicas. Aun así, no fue hasta más adelante que se comenzó a darle coherencia a esta afirmación, al separar el estudio de la cláusula general, en cada caso concreto, del análisis de los actos específicos.

2.7. En el año 2006 se produce la primera de varias providencias que aclaran que la argumentación para la violación de la cláusula general no puede estar dirigida a que el demandado incurrió en una conducta específica. Así, la aplicación del artículo 7 solo habrá de derivarse de la contravención al principio de la buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles, usos comerciales honestos o de la afectación de la elección libre de los consumidores.

2.8. En el mismo año (2006) encontramos la primera de varias providencias que declaran que el demandado cometió un acto de competencia desleal en virtud del artículo 7, y donde el análisis de la conducta y su sanción se realiza solo a partir del estudio de la lealtad que este exige.

2.9. En el año 2010 se manifiesta que la violación del artículo 7 no podrá predicarse de una conducta que se enmarque dentro de un acto específico, pero no configure totalmente el supuesto de hecho contemplado por la misma y, por tanto, no se esté ante una violación. De igual manera, en el mismo 2010 la Superintendencia aclara que tampoco habrá de declararse la violación de la prohibición general por la falta de pruebas de la violación de los artículos 8 a 19. Así, la cláusula general de prohibición no es un artículo que tiene aplicación subsidiaria respecto de las conductas específicas, sino una verdadera norma autónoma que sanciona aquellas conductas que atenten contra la buena fe en materia de competencia pero que escaparon a la previsión del legislador. La actividad jurisprudencial de la Superintendencia de Industria y Comercio ha realizado, entonces, un desarrollo importante en cuanto a la cláusula general de prohibición enmarcada en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

2.10. A través de sus providencias brinda claridad sobre lo que protege y sanciona la cláusula general, exponiendo principios derivados de la buena fe en materia comercial y brindando criterios a la luz de los cuales han de ser analizados los actos de los comerciantes, para saber si se ajustan o no a dicho principio.

2.10.1. Así mismo, es a través de la jurisprudencia como se ha atacado uno de los mayores problemas identificados en este trabajo: la concepción errada que se tenía de la cláusula al usarla como una norma sin entidad propia, que dependía y estaba supeditada para su aplicación a las otras conductas.

2.10.2. Esto se evidencia en la práctica de los demandantes y en las mismas providencias de la Superintendencia. A través de un largo recorrido jurisprudencial se puede ver cómo se comienza a reivindicar el verdadero carácter del artículo 7 como norma autónoma, lo cual es muy importante ya que cumple una función primordial dentro de la Ley, pues permite que esta se mantenga a la par del siempre cambiante mundo de los negocios, posibilitando sancionar actuaciones desleales que hayan escapado a la previsión del legislador.