MARCO LEGAL REGULADOR DEL PRESUPUESTO PUBLICO EN COLOMBIA.

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1. Ley de transparencia y responsabilidad fiscal.

2. Contribuyó a reforzar el sistema presupuestal con visión de mediano y largo plazo e introdujo otros elementos de disciplina y responsabilidad fiscal, en un contexto de transparencia.

3. Decreto 111 de 1996.

3.1. Aquí se compilan tres leyes para conformar lo que se conoce como Estatuto Orgánico del Presupuesto general de la nación, y estas leyes son las siguientes:

3.1.1. Ley 38 de 1989

3.1.2. Ley 179 de 1994

3.2. Constitución política de Colombia.

3.2.1. Ley 225 de 1995

3.2.2. Artículos 152: El congreso expide las leyes orgánicas de presupuesto, establecidas por el mismo congreso y las cámaras, sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y todo lo relativo a las normas para entidades territoriales.

3.2.3. Artículo 352: Regula la programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de la nación, entidades territoriales y entes de cualquier nivel administrativo y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. También la capacidad de los entes estatales y organismos de contratar.

3.3. Consta de dos niveles.

3.3.1. 1. Presupuesto General de la Nación.

3.3.1.1. Establecimientos públicos de órden nacional.

3.3.1.2. Presupuesto nacional.

3.3.2. 2. Fijación de metas financieras al sector público y distribución de excedentes financieros de:

3.3.2.1. Entidades industriales y comerciales del estado.

3.3.2.2. Sociedades de economía mixta, sin prejuicio a la autonomía que la ley otorga.

4. Principios de esta normativa Presupuestal.

4.1. Planificación

4.2. Anualidad

4.3. Universalidad

4.4. Unidad de caja

4.5. Especialización

4.6. Programación integral

4.7. Inembargabilidad

4.8. Homeostasis presupuestal

4.9. Coherencia macroeconómica

4.10. Unidad presupuestal

5. Ley 617 del 2000

5.1. Cartegorización de los departamentos y municipios de acuerdo a su población e ingresos de libre inversión.

5.2. Racionalización de los gastos de funcionamiento nacional, departamental y municipal.

6. Ley 819 de 2003

7. Sistema Presupuestal.

7.1. Plan Financiero

7.2. Plan Operativo Anual De Inversiones.

7.3. Presupuesto Anual De La Nación.

8. Ley 715 de 2001.

8.1. Ley de Distribución de Recursos y Asignación de Competencias.

8.1.1. Hacer del sistema de transferencias intergubernamentales un medio efectivo para la descentralización. Con esto se quiere dejar claro que se parte del entendido que la descentralización es un proceso irreversible, una política del Estado opuesta a los esquemas centralistas y basado en los principios de autonomía y participación ciudadana.

8.1.2. Asignar competencias territoriales de una forma tal que se eviten duplicidades, se favorezca el control social y se logre un mejor uso de los recursos disponibles para inversión social.

8.1.3. Distribuir con criterios de equidad y eficiencia los recursos para inversión social con el fin de cubrir las necesidades básicas de la población pobre.

8.1.4. Garantizar el acceso a la educación de los niños en edad escolar y el acceso a los servicios de salud a la población pobre.

8.1.5. Promover el desarrollo local, respetar la autonomía territorial y profundizar la descentralización.

9. Ley 1551 de 2012

10. La presente ley tiene por objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y funciones.

10.1. Elegir a sus autoridades mediante procedimientos democráticos y participativos de acuerdo con la Constitución y la ley.

10.2. Ejercer las competencias que les correspondan conforme con la Constitución y a la ley.

10.3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

10.4. Participar en las rentas nacionales, de acuerdo a las normas especiales que se dicten en dicha materia.

10.5. Adoptar la estructura administrativa que puedan financiar y que se determine conveniente para dar cumplimiento a las competencias que les son asignadas por la Constitución y la ley.