1. Son directrices fundamentales que guían y regulan el desarrollo de los procedimientos judiciales en los que se impugnan actos administrativos. Estos principios aseguran que el proceso sea justo, equitativo y eficiente, protegiendo los derechos de los ciudadanos y garantizando la legalidad de las actuaciones administrativas. A continuación, se presentan los principales principios del proceso contencioso administrativo:
1.1. Principio de Legalidad:
1.1.1. Este principio establece que todos los actos de la administración pública deben estar conformes a la ley. Los actos administrativos deben estar sujetos al marco legal vigente, asegurando que la administración no actúe de manera arbitraria y que respete los derechos de los ciudadanos.
1.2. Principio de Tutela Judicial Efectiva:
1.2.1. Garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia para la protección de sus derechos. Asegura que todas las personas tengan acceso a un tribunal imparcial y que sus casos sean resueltos de manera justa y en un plazo razonable, garantizando una respuesta efectiva y eficiente a sus demandas.
1.3. Principio de Proporcionalidad:
1.3.1. Las medidas adoptadas en el proceso deben ser adecuadas, necesarias y proporcionadas al objetivo que se persigue. Evita que las decisiones y medidas administrativas sean excesivas, asegurando un equilibrio entre los fines perseguidos y los medios utilizados.
1.4. Principio de Imparcialidad:
1.4.1. Los órganos encargados de resolver los conflictos deben actuar sin favoritismos ni prejuicios. Garantiza que los jueces y funcionarios actúen de manera objetiva y neutral, sin influencias externas ni intereses personales.
1.5. Principio de Publicidad:
1.5.1. Los procedimientos administrativos y judiciales deben ser públicos, salvo excepciones justificadas. Promueve la transparencia en el proceso, permitiendo que las partes y el público en general tengan acceso a la información relevante, lo cual fortalece la confianza en el sistema de justicia.
1.6. Principio de Economía Procesal:
1.6.1. Busca la simplificación y celeridad en los procedimientos para evitar dilaciones innecesarias. Fomenta la eficiencia en el uso de los recursos del sistema judicial, asegurando que los procesos se resuelvan de manera rápida y con el menor costo posible.
1.7. Principio de Igualdad:
1.7.1. Todos los ciudadanos deben recibir un trato igualitario ante la ley y los tribunales. Asegura que no haya discriminación en el tratamiento de los casos, garantizando que todos los individuos tengan las mismas oportunidades y derechos en el proceso.
1.8. Principio de Contradicción:
1.8.1. Las partes en el proceso tienen derecho a presentar pruebas y argumentos y a refutar los presentados por la otra parte. Garantiza un proceso justo, en el que ambas partes puedan defender sus intereses y el juez tenga una visión completa y equilibrada de los hechos y argumentos.
1.9. Principio de Congruencia:
1.9.1. La resolución judicial debe estar de acuerdo con lo solicitado y debatido durante el proceso. Asegura que la sentencia sea coherente con las pretensiones y argumentos presentados por las partes, evitando decisiones arbitrarias o fuera del marco del litigio planteado.