EL RÉGIMEN POLÍTICO  EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO: ENTRE LOS CAMBIOS Y REFORMAS

1. EL CONSENSO WASHINTON Se observó la necesidad de fortalecer las recién instauradas economías de mercado, herederas de una situación de desestabilización, de excesiva protección y regulación. Esta búsqueda de un modelo más estable, abierto, liberalizado, particularmente orientado a los países de América Latina, nace en 1989 en el llamado “Consenso de Washington” Disciplina fiscal: Se refiere a la ausencia de déficit fiscal (falta de ganancias) y a la necesidad de presentar unos presupuestos balanceados. Obliga a los países a disminuir los gastos públicos generando que los servicios elementales no se obtengan  para tener esperanza de calidad de vida y esta sea sustentable. Reordenación de las prioridades del gasto público: se llevaría a cabo a partir del recorte al gasto público para reducir el déficit presupuestario sin recurrir a los impuestos. Los subsidios de la administración pública, principalmente a empresas paraestatales, serían los primeros perjudicados, debido a que la asignación de esos recursos se consideraba un despilfarro, la eliminación paulatina de las subvenciones permitiría asignar esos recursos en áreas estratégicas de carácter social. Reforma fiscal: según las condiciones económicas de la región, una reforma fiscal debía emprenderse para ampliar la recaudación tributaria, disminuir el gasto público y, en consecuencia, remediar el déficit presupuestario. De esta manera, tener una amplia base tributaria era garantía de crecimiento. Liberalización financiera: prevalecieron dos principios generales relativos al nivel de los tipos de interés: uno es que los tipos de interés deberían ser determinados por el mercado. El objetivo de esto es evitar la asignación inadecuada de los recursos que se deriva de la restricción del crédito por parte de los burócratas de acuerdo con criterios arbitrarios. El otro principio es que los tipos de interés reales deberían ser positivos, a fin de disuadir la evasión de capitales y, según algunos, para incrementar el ahorro. Tipo de cambio competitivo: se consideraba como un pre requisito para el crecimiento basado en las exportaciones. Un tipo de cambio competitivo brindaría seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación Liberalización del comercio: considera que el sistema de permisos de importación es una forma de restricción particularmente contraproducente, que debería reemplazarse sin tardanza por aranceles. Asimismo, la importación de insumos necesarios para la producción de exportación debería liberalizarse inmediatamente, reconociendo a los exportadores el derecho a descuentos sobre cualquier arancel remanente sobre insumos importados Liberalización de la inversión extranjera directa: Se contemplaba que la inversión extranjera traería capital, conocimiento y experiencia, ya sea produciendo bienes necesarios para el mercado nacional o para contribuir a la expansión de exportaciones Privatizaciones: lo que se pretendía con esta reforma era aliviar el presupuesto del gobierno a partir de la privatización de empresas paraestatales; una vez iniciado este proceso se liberarían una gran cantidad de recursos que a su vez se destinarían a áreas de carácter social. Desregulación: se pensó en aplicarla en América Latina debido a que las economías latinoamericanas contienen una serie de regulaciones que obstaculizan la entrada de empresas nacionales y extranjeras. El proceso de desregulación está vinculado con la privatización, pues la venta de entidades paraestatales necesita la modificación de leyes y reglamentos que permitan la entrada de nuevos inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, lo que a su vez beneficia a la inversión extranjera directa. Derechos de propiedad: con esta política el CW pretendía crear derechos de propiedad bien asegurados, pues constituyen un pre-requisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista. Además, se pretendía la creación de sistemas legales, de contabilidad y regulación eficientes, para estimular el desarrollo de un sector privado eficiente.

2. Las políticas de acceso a la información El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad interesada en participar activamente en los asuntos públicos que afectan su calidad de vida el acceso a la información se refiere a la posibilidad de obtener información accesible, oportuna y confiable en posesión de los gobiernos. Impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del patrimonio social y de la vida democrática en el país. El acceso a la información promueve que los asuntos públicos sean visibles y, al mismo tiempo, se evitan prácticas de opacidad en el actuar de los gobernantes. El acceso a la información pública también se ha convertido en un derecho sustantivo de las personas, y esta última característica no puede pasar inadvertida: estamos frente a un derecho y ante una política. El acceso a la información es un mecanismo de control sobre aquellos que están ejerciendo el poder, y al mismo tiempo obliga a los gobernantes hacer pública aquella información sobre la cual basan sus decisiones y sobre los resultados de su gestión. La introducción del tema de acceso a la información en la agenda gubernamental se debió a la relevancia del Grupo Oaxaca, integrado por académicos, periodistas, organizaciones civiles para delimitar teórica y conceptualmente una propuesta de Ley de Transparencia El 11 de junio de 2002 se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta ley determina el camino para fortalecer y consolidar el ejercicio del derecho de acceso a la información. La expedición de esta Ley representa un cambio significativo en la relación de la sociedad y los representantes gubernamentales. Esta ley configura la estructura y funcionamiento del IFAI. El 2007, la Ley de Transparencia vuelve a ser objeto de reformulaciones para fortalecer y dar orden a lo conseguido en sus primeros años de vigencia, razón por la cual se reforma nuevamente el artículo sexto constitucional para definir principios rectores sobre el acceso a la información ya no sólo en la federación, sino también en los ámbitos locales, es decir, estados y municipios. Dos años después se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 16 Constitucional que elevó la garantía constitucional el derecho a la protección de datos personales, el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos.

2.1. Reforma en materia de transparencia 2014 El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. Con este nuevo marco, la sociedad podrá conocer la información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En mayo del 2015 entró en vigor La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública El nuevo marco normativo está integrado por 216 artículos. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se robustece con mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional. La LGTAIP tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. Prevé el diseño y operación de una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones legales para los sujetos obligados y organismos garantes, pero sobre todo facilitando la accesibilidad para los usuarios.

2.2. La rendición de cuentas Los mecanismos de rendición de cuentas son los mecanismos fundamentales para controlar a los gobiernos y funcionarios públicos. La idea de rendición de cuentas integra el derecho a recibir información y la obligación del poder a abrirse a la inspección pública, así como la obligación de explicar y justificar sus actos (answerability). También incluye la posibilidad de ejercer una sanción, esto es, de ejercer coacción y castigo (enforcement). Para Schedler la información, la justificación y el castigo son los tres pilares sobre los que se asienta la rendición de cuentas y su función de mecanismo para domesticar el ejercicio del poder. Dimensión informativa de la rendición de cuentas La rendición de cuentas involucra por tanto el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios sobre un asunto público. También implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder en asuntos públicos determinados para fortalecer el régimen democrático y a la rendición de cuentas como un mecanismo efectivo de control del poder. El manejo de archivos, registros o datos gubernamentales requiere de una normatividad para la clasificación de los documentos. La transparencia es un medio que permite la rendición de cuentas en el sentido de que facilita la atención a los ciudadanos que comienzan a cuestionar cada una de las acciones realizadas por el gobierno por lo que deben tener acceso a más y mejor información sobre los asuntos públicos y seguir con detalle cada una de las etapas del proceso político. La información depende del servidor público que es el encargado de producir y procesar la información mediante la documentación de los procesos de tomas de decisiones. El servidor público tiene la obligación de administrar y la organización de archivos con criterios de transparencia y acceso a la información con el fin de que la sociedad disponga de ella. Sanción La sanción se puede entender como la capacidad de imponer castigos a aquellos funcionarios que hayan incumplido sus obligaciones. La rendición de cuentas no puede ser efectiva si no cuenta con dispositivos de sanción que active a las agencias de rendición de cuentas. La existencia del factor de sanción fortalece a los procesos de rendición de cuentas cuando demanda que los representantes públicos, no importando el nivel que tengan tienen la obligación de documentar su actuación y dejar evidencia de ella y al interior de las dependencias públicas establece procedimientos y dispositivos que reúnan las quejas y denuncias ante una acción de abuso de poder en la que intervenga un servidor público. Para lograr el buen funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas es indispensable fortalecer la política de transparencia. La existencia de información oportuna y veraz favorece a una adecuada toma de decisiones. Por lo cual la transparencia es considerada como la base del sistema de rendición de cuentas.

3. Los organismos autónomos Desde los años 1990, estas instituciones han sido creadas (o transformadas) para encargarse de la elaboración de políticas y regulaciones específicas en diversos sectores sociales, económicos y políticos. Aunque algunos Organismos Constitucionales Autónomos primero formaron parte de la administración pública federal, su establecimiento generalmente ha partido de la idea de que, para cumplir a cabalidad con sus funciones institucionales, es importante dotarles de márgenes de autonomía (formal e informal) distintos a los del resto de las dependencias y entidades del gobierno federal. El surgimiento de los organismos autónomo es resultado del proceso social e histórico de cada país que los ha adoptado. Los organismos constitucionales autónomos pueden aparecer con el fin de incrementar la eficacia y eficiencia de la administración pública. En México los primeros organismos autónomos fueron las Universidades públicas. Después de las universidades públicas, el siguiente organismo que adquiere autonomía constitucional es el Banco de México El tercer organismo constitucional autónomo fue el Instituto Federal Electoral. Durante sus primeros cuatro años de existencia, el Instituto Federal Electoral fue concebido como un organismo público autónomo. No es sino hasta 1994 cuando la autonomía constitucional del IFE se hace realidad En México se crearon organismos semiautónomos como el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y se incrementó significativamente la autonomía tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los Organismos Constitucionales Autónomos son hoy en día parte fundamental del Estado mexicano y lo seguirán siendo en el futuro. Además, es probable que el número de instituciones de este tipo aumente en los próximos años por una diversidad de factores: la influencia ejercida por múltiples redes internacionales de expertos; los ejercicios de aprendizaje transnacional realizados por diversas instituciones gubernamentales; los efectos de imitación entre sectores de política pública dentro del ámbito federal; las presiones por homogeneizar instituciones e instrumentos de política sub- nacionales; y las implicaciones administrativas de las recién aprobadas “reformas estructurales.

4. EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Es la evolución de la economía nacional en los quince años que van de 1954 a 1970. Es un modelo económico que alcanzó la estabilidad macroeconómica del país, es una etapa de una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en el sector industrial. Durante este periodo, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) real fue de 6.75 por ciento y el crecimiento promedio anual del PIB por habitante fue de 3.4 por ciento. De 1958 a 1970 ha sido el periodo de más baja inflación desde el periodo traumático de la Gran Depresión de 1929 y hasta nuestros días. La inflación promedio anual fue de 2.5 por ciento. En este periodo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el sector obrero, empresarial y campesinos (banqueros), realizaron inversiones cuantiosas con utilidades considerables. Algunos de los incentivos en materia regulatoria fueron: los subsidios y las tasas de gravamen asequibles en las utilidades de las empresas. La industrialización del país se llevó a cabo principalmente por los particulares con el apoyo del sector público; a cambio, los empresarios aceptaron que la política económica y social, la realizara el gobierno de forma emancipada. Además, se ofreció a los empresarios todo tipo de garantías, incluyendo salvarlos en caso de quiebra.

4.1. LA CRISIS ECONÓMICA Y EL PROCESO DE REFORMAS POLÍTICAS El desarrollo estabilizador tenía como características principales: a) Establecer un tipo de cambio estable (el peso se mantuvo al cambio de 12.50 por dólar entre 1954-1976). b) La industrialización de los años cincuenta y sesenta ocurrió en un mercado interno muy protegido por barreras arancelarias c) La proporción de las importaciones que requerían permisos previendo aumento de 28% en 1956 a más de 60% en promedio durante los años sesenta y alrededor de 70% en los años setenta. Este escenario generó un sistema tributario débil y una peligrosa dependencia gubernamental del crédito del sistema financiero privado Generó hacia fines dela década pasada un desempleo cada vez mayor, una pérdida de la autosuficiencia alimenticia., a la estrechez del mercado interno a una muy inequitativa distribución del ingreso y finalmente a condiciones sociales que ponían en peligro la estabilidad política del país Aunque la economía mexicana tuvo un desempeño importante, no cubría las demandas y necesidades de la población. Entre 1958 y 1959 estalló el conflicto ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Para 1964-1965 el movimiento médico materializó la necesidad de planificar la medicina a nivel nacional, determinar que las universidades generaran los recursos humanos con la cantidad y calidad que México requiere. Como resultado este movimiento despertó la conciencia ciudadana sobre la injusticia social, sobre la necesidad que tiene el país de manifestar su inconformidad con ella. Para 1968 alumnos del Instituto Politécnico Nacional manifestaron su inconformidad ante la toma de las escuelas vocacionales por la policía. A estas manifestaciones se unieren la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Chapingo, los cuales organizaron una serie de marchas, huelgas y eventos culturales para exigir mayor calidad educativa, libertad de expresión y libertad a los presos políticos. Para 1970 con la llegada de Luis Echeverría se buscó reorientar el modelo económico. La reforma administrativa representa la primera etapa de las grandes reformas administrativas del siglo XX. Se crearon once programas vinculadas con la reforma administrativa y se establecieron en cada Secretaria de Estado y departamentos administrativos. La situación económica de México se deterioró a mediados de los años setenta fundamentalmente por dos razones. Primero, debido a que la expansión del gasto público no fue acompañada de incrementos en la recaudación, el déficit fiscal creció y con él aumentaron el déficit de cuenta corriente y la tasa de inflación. Segundo, el incremento en los precios internacionales del petróleo a partir de 1973, constituyeron un choque externo de importancia para México que entonces era un importador neto de petróleo y derivados. La recesión que siguió a la crisis de 1976 fue de corta duración. El descubrimiento de cuantiosas reservas petroleras eliminó la restricción externa y propició un cambio drástico de la política económica. En lugar de ajustarse a la escasez, el gobierno debía ahora “administrar la abundancia”.

4.1.1. La reforma administrativa en el gobierno de José López Portillo (1976- 1982), que tenía como tesis central reorganizar el gobierno para organizar el país. La reforma establece un sistema nacional de planeación, que estaba regulado por la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la promulgación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como la Ley de Deuda Pública. Asimismo, destaca la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), que constituye uno de los últimos eslabones históricos en el desarrollo administrativo en las materias de programación y planeación en nuestro país (Sánchez, 2009: 87)

5. ETAPAS DEL PROCESO DE REFORMAS ADMINISTRATIVAS Al inicio de los años ochenta surge en el ámbito internacional un movimiento global de reforma cuya dimensión ideológica exigió un cambio de valores en el sector público identificados con el paradigma de ‘racionalismo económico’ y la gerencia de la empresa privada. Su fundamento ideológico se formuló todo un conjunto de técnicas y comportamientos que constituyen el contenido de la “Nueva Gerencia Pública” y la “Reinvención del Gobierno”, cuyo objeto ha sido reducir su tamaño, imponerle una disciplina e incentivos tipo mercado, aminorar los costos y mejorar su desempeño.

5.1. En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) Programa inmediato de Reordenación económica Iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Impulsó la simplificación administrativa

5.2. En el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) Reforma del Estado El ejercicio democrático de la autoridad El aliento a la participación y organización popular en los programas sociales La privatización de las empresas públicas no estratégicas Alcanzar la estabilidad macroeconómica a través de la apertura comercial

5.3. Con Ernesto Zedillo (1994-2000) Impulso del Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) publicado en 1996 El Sistema Integral de Administración Financiera Federa (SIAFF) La Nueva Estructura Programática (NEP) El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

5.4. Con la llegada de Vicente Fox (2000-2006) Modelos Estratégicos de Innovación Gubernamental: este modelo estratégico tiene como misión recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Consenso de Washington

6. LA DEMOCRACIA Y LA ECONOMPIA DEL MERCADO La democracia no garantiza resultados políticos eficientes, pero puede ser preferible a cualquier forma de dictadura debido a otras formas ventajas. De hecho, actualmente hay democracia con altos niveles de libertades civiles y elecciones competitivas de los gobernantes en alrededor de la mitad de los países, en los que vive aproximadamente la mitad de la población mundial”. La democracia dice Colomer (2009: 177): “debería incluir la participación efectiva de los ciudadanos, la igualdad de voto y decisiones bien informadas tanto sobre la agenda de temas públicos como sobre las propuestas políticas.

6.1. En este sentido diferentes fórmulas institucionales pueden producir diferentes resultados de calidad democrática. Los elementos mínimos que debe tener una democracia, según Robert Dahl (1999) son los siguientes: - Libertad de asociación, - Libertad de expresión y de información, - Amplios derechos de sufragio, - Derechos a formar candidaturas para los cargos públicos y a competir en las elecciones, - Elecciones libres y equitativas, - Políticas de gobierno que dependan de los resultados electorales.

7. LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA Y RÉGIMEN POLÍTICO POSTERIOR A 1990. La transición política en México, es en la reforma electoral de 1977 que se estableció otorgar a los partidos políticos financiamiento público, lo cual representó un parteaguas en el sistema político en México. Esto permitió que dichas instituciones se convirtieran en actores con posibilidad de disputar el control electoral al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien, hasta la década de 1990 mantenía el control tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores. El verdadero cambio político comenzó en 1997, año en que el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Se dio el verdadero cambio político en México fue el 2000, momento en el que finalmente el PRI perdió el control del Poder Ejecutivo a manos del Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox Quezada. En la década de 1990 la administración pública en nuestro país sufrió una gran transformación. Da origen a diversas instituciones con carácter autónomo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le otorga autonomía al Banco de México, así como se refuerza la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. En la década de 1990 prácticamente se fue testigo de la creación de una nueva Constitución Política. En el periodo que va de 1988 a 1994 se aprobaron 51 reformas a 40 artículos constitucionales.

7.1. Multipartidismo Se trata de la forma y características que adquieren los partidos políticos en una comunidad política determinada. Los sistemas de partidos cuentan con un conjunto de elementos a considerar: 1) el número de partidos existentes, 2) el tamaño de los partidos, 3) la distancia ideológica existente entre ellos, 4) la forma en que interactúan entre sí, 5) las características de la relación entre partidos políticos y otros grupos sociales, 6) su posición frente al sistema político. Antes de la década de 1990, los partidos políticos no representaban una verdadera oposición para el Partido Revolucionario Institucional. Salvo el Partido Acción Nacional (PAN) que surgió en la 1939, los partidos que a lo largo de la historia política contendieron en procesos electorales tuvieron una duración efímera. La reforma de 1989-1990 marcó un cambio crucial en la organización de las elecciones. Las irregularidades detectadas en el proceso electoral de 1988 obligaron a fortalecer el órgano encargado de la organización de las mismas. Dicha reforma electoral permitió dar paso de la Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral, lo que representó un avance en la ciudadanización del órgano electoral, ya que anteriormente el control de los procesos lo tenía la Secretaría de Gobernación. La creación del Instituto Federal Electoral marcó el principio de la profesionalización de los procesos electorales, otorgando mayor certidumbre en los resultados. Fue hasta 1996 que se tuvo certidumbre sobre la celebración de elecciones en condiciones equitativas entre los distintos partidos políticos, permitiendo una transformación del sistema de partidos, pues se pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema caracterizado por un pluralismo limitado con elecciones competencia limitada aún, pero bastante competitivas Es en 1997 cuando (García) los procesos electorales se volvieron altamente competitivos, permitiendo finalmente que en el año 2000 fuera posible la alternancia política a nivel federal. No obstante, a nivel estatal y municipal desde finales de los 90 la alternancia electoral comenzó a materializarse. Congreso dividido Con la transformación en el Congreso de la Unión, en 1997, ahora los apoyos para impulsar las reformas constitucionales no pueden darse sólo por un partido. Por lo tanto, para conseguir la mayoría de votos se requiere la negociación de al menos dos bancadas.

7.1.1. Multipartidismo Se trata de la forma y características que adquieren los partidos políticos en una comunidad política determinada. Los sistemas de partidos cuentan con un conjunto de elementos a considerar: 1) el número de partidos existentes, 2) el tamaño de los partidos, 3) la distancia ideológica existente entre ellos, 4) la forma en que interactúan entre sí, 5) las características de la relación entre partidos políticos y otros grupos sociales, 6) su posición frente al sistema político. Antes de la década de 1990, los partidos políticos no representaban una verdadera oposición para el Partido Revolucionario Institucional. Salvo el Partido Acción Nacional (PAN) que surgió en la 1939, los partidos que a lo largo de la historia política contendieron en procesos electorales tuvieron una duración efímera. La reforma de 1989-1990 marcó un cambio crucial en la organización de las elecciones. Las irregularidades detectadas en el proceso electoral de 1988 obligaron a fortalecer el órgano encargado de la organización de las mismas. Dicha reforma electoral permitió dar paso de la Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral, lo que representó un avance en la ciudadanización del órgano electoral, ya que anteriormente el control de los procesos lo tenía la Secretaría de Gobernación. La creación del Instituto Federal Electoral marcó el principio de la profesionalización de los procesos electorales, otorgando mayor certidumbre en los resultados. Fue hasta 1996 que se tuvo certidumbre sobre la celebración de elecciones en condiciones equitativas entre los distintos partidos políticos, permitiendo una transformación del sistema de partidos, pues se pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema caracterizado por un pluralismo limitado con elecciones competencia limitada aún, pero bastante competitivas Es en 1997 cuando (García) los procesos electorales se volvieron altamente competitivos, permitiendo finalmente que en el año 2000 fuera posible la alternancia política a nivel federal. No obstante, a nivel estatal y municipal desde finales de los 90 la alternancia electoral comenzó a materializarse. Congreso dividido Con la transformación en el Congreso de la Unión, en 1997, ahora los apoyos para impulsar las reformas constitucionales no pueden darse sólo por un partido. Por lo tanto, para conseguir la mayoría de votos se requiere la negociación de al menos dos bancadas.

7.1.1.1. Aparición de asociaciones civiles e impulso a la transición El sistema electoral en México concedió a otros partidos tener una participación activa en lo relacionado a las reformas constitucionales, pero también abrió el marco a la aparición de las asociaciones civiles, que si bien, desde 1968 comienza su aparición, a partir de 1985 se apodera y entiende su importancia a nivel social. Surge una nueva forma de participación para la población: el “asociacionismo cívico”, que representa una nueva lucha por cuestiones de género, el ecologismo y la lucha por los derechos humanos”. La organización civil como actores oficiales del desarrollo social La presencia de la organización civil (OC)1 en el contexto mexicano, como se menciona anteriormente, se fortalece a partir de la diversidad partidaria. Y para Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se aborda concretamente el asunto de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y se plantea conveniente impulsar las actividades de las OSC para atender las necesidades sociales más sensitivas del país, resaltando la ventaja de acercamiento a las problemáticas de los diferentes grupos de la población, lo cual, les permite agilizar y maximizar los resultados

8. SOBRE LA TRANSICIÓN POLÍTICA La complejidad social que día a día se acrecentaba dio origen a los movimientos que ponían en tela de juicio la actuación y el papel del partido y del régimen político preponderante. La mayoría de los movimientos fueron desmantelados, reprimidos, totalmente aniquilados y cuando las circunstancias ya no lo permitieron: los cambios iniciaron su camino. Las reformas electorales fueron un cambio inminentemente favorable para las organizaciones o partidos en busca de espacios de expresión e igualdad ante la lucha por espacios electorales, sin embargo, para el partido en el poder significó lo contrario En 1946 cuando el partido oficial sufre su último cambio en la denominación, no existe oposición real, tampoco hay una rotación de poder, la participación política en elecciones es en términos monetarios y humanos desigual. Los diversos movimientos sociales, como por ejemplo el estudiantil de 1968, manifiestan la urgencia de apertura democrática, pero sobre todo, corroboran la necesidad de un cambio en los causes del quehacer político nacional. Durante el sexenio que va de 1970 a 1976 se instrumenta la política de apertura democrática, cuyo fin es evitar después de 1968 la crisis política ocasionada por los usos y los abusos de la fuerza del Estado. El Estado, para entonces, opera bajo la ausencia de partidos competitivos e inexistencia de reglas electorales abiertas, sin embargo, esa realidad empieza a cambiar en 1977, pues para México la necesidad de organizar a los grupos inconformes dio impulso a las reformas. Esta reforma crea las siguientes condiciones: la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales (LOPPE) crea al mismo tiempo una figura legal distinta a la de partidos políticos, para la cual se requieren menos requisitos. Se trata de las asociaciones políticas nacionales, concebidas como complementos al sistema de partido y debían contribuir al debate político e ideológico Los años 1988 y 1994 significaron momentos importantes para el cambio político y administrativo en México. “La crisis del partido se manifiesta en diferentes arenas, una de ellas, es la electoral con la pérdida de espacios políticos importantes, otra más es la escisión de facciones al interior del partido, como, por ejemplo: la fractura Interna de 1988” En 1987 cuando se mencionan a los posibles candidatos del PRI, sin considerar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se origina una ruptura interna. En 1994 generarían el cambio y la transición de partido político en la presidencia de la república sería el gobierno dividido de la Cámara de diputados.

8.1. LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL CAMBIO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO Los organismos internaciones son asociaciones que trascienden las fronteras de un Estado y contienen una estructura orgánica permanente. Algunos de ellos son: a) Fondo Monetario Internacional (FMI); b) Organización de Estados Americanos (OEA), c) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. Nuestro país como integrante de estos grupos, participa continuamente en mejoras estructurales y ha puesto en marcha diferentes proyectos en materia de: educación, salud, transparencia, entre otros.

8.1.1. CAMBIOS POLÍTICOS DESPUÉS DEL 2000 Y LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS La administración pública actual se ha caracterizado por un profundo proceso de modernización que incluye una serie de reformas administrativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Sexenio Vicente Fox Quezada: 2000-2006 Vicente Fox presenta una propuesta para modernizar la administración pública a través de la formación de dos centros que regularían dichas reformas. La Oficina de Innovación Gubernamental que dependería directamente del presidente y a cuya cabeza estaría uno de sus hombres más cercanos. Y la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy de la Función Pública (SFP). En materia de mejoramiento administrativo, la estrategia de Vicente Fox se orienta por tres acciones relevantes: ·         La puesta en marcha del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo con responsabilidad de la SECODAM ·         El Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental, elaborado por Ramón Muñoz desde la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia ·         La integración de todas las acciones de mejoramiento de la administración pública federal en la Agenda de Buen Gobierno Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa: 2006-2012 Los cambios administrativos pensados desde el gobierno federal se consolidaron en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, documento rector del sexenio de Felipe Calderón. Se aprobó un nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (Diario Oficial de la Federación [DOF], junio de 2007). El proceso de modernización administrativa se llevará en dos instancias: ·         El Programa de Mejoramiento de la Gestión ·         El Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Sexenio de Enrique Peña Nieto El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el presidente Enrique Peña Nieto establece como metas principales: México en Paz, México incluyente, México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con responsabilidad global. El Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto destaca la importancia de contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación, que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía.