El régimen político en el México contemporáneo: entre los cambios y reformaspor liliana meza
1. Antecedentes: para enmarcar el análisis y estudio de la institución que habremos de diseñar o rediseñar. Algunos sociólogos, como Giddens, señalan que la democracia liberal y el capitalismo están unidos entre sí porque el desarrollo económico favorece las condiciones de la autonomía individual. El crecimiento económico, impulsado por la ciencia y la tecnología, exige un sistema educativo y desarrollado; y la educación universal libera “cierta exigencia de reconocimiento que no existía entre gentes más pobres y menos educadas” (1999).
2. El Desarrollo estabilizador El Desarrollo estabilizador o Milagro mexicano, en palabras de Tello es: la evolución de la economía nacional en los quince años que van de 1954 a 1970. Es un periodo de referencia obligado, en cierto sentido emblemático de lo que, debe ser la forma de conducir el crecimiento de la economía nacional ( 2010). El milagro mexicano es un modelo económico que alcanzó la estabilidad macroeconómica del país, es una etapa de una política proteccionista y de gran intervención del Estado como agente económico en el sector industrial (continuación de la Revolución Mexicana y la Segunda Guerra Mundial (Meyer, 2000). Durante este periodo, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) real fue de 6.75 por ciento y el crecimiento promedio anual del PIB por habitante fue de 3.4 por ciento. Asimismo, de 1958 a 1970 ha sido el periodo de más baja inflación desde el periodo traumático de la Gran Depresión de 1929 y hasta nuestros días. La inflación promedio anual fue de 2.5 por ciento. Sin embargo, no sólo México contó con esos beneficios, otros países registraron tasas de crecimiento económico impresionantes en el PIB: Japón 9%, Alemania 5%, Francia e Italia un poco menos de 5%. Además, todos con relativa estabilidad de los precios. Angus Maddison ha intitulado a este periodo como “La Edad de Oro del Capitalismo”, pues presentó oportunidades de todo tipo a los países en proceso de desarrollo (Tello, 2010). En este periodo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el sector obrero, empresarial y campesinos (banqueros), realizaron inversiones cuantiosas con utilidades considerables. Algunos de los incentivos en materia regulatoria fueron: los subsidios y las tasas de gravamen asequibles en las utilidades de las empresas.
3. La crisis económica y el proceso de reformas políticas El desarrollo estabilizador tenía como características principales: a) Establecer un tipo de cambio estable (el peso se mantuvo al cambio de 12.50 por dólar entre 1954-1976). b) La industrialización de los años cincuenta y sesenta ocurrió en un mercado interno muy protegido por barreras arancelarias c) La proporción de las importaciones que requerían permisos previendo aumento de 28% en 1956 a más de 60% en promedio durante los años sesenta y alrededor de 70% en los años setenta. Este escenario generó un sistema tributario débil y una peligrosa dependencia gubernamental del crédito del sistema financiero privado. De acuerdo con Tello esta estrategia generó hacia fines dela década pasada un desempleo cada vez mayor, una pérdida de la autosuficiencia alimenticia., a la estrechez del mercado interno a una muy inequitativa distribución del ingreso y finalmente a condiciones sociales que ponían en peligro la estabilidad política del país (Tello: 1979).Entre 1958 y 1959 estalló el conflicto ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Para 1964-1965 el movimiento buscaba mejores condiciones laborales. En 1965 se impuso el orden con la participación del ejercici, Para 1968 alumnos del Instituto Politécnico Nacional manifestaron su inconformidad ante la toma de las escuelas vocacionales por la policía. s. El dos de octubre de 1968 diez días antes de la inauguración de los juegos olímpicos s realizó una manifestación conformada por más de 10,000 personas en la Plaza de las Tres Culturas que culminó con una represión policíaca sumamente violenta causando la muerte y desaparición de un sinfín de estudiantes. Un año después Díaz Ordaz en su quinto informe de gobierno asume la responsabilidad de este suceso. Para 1970 con la llegada de Luis Echeverría se buscó reorientar el modelo económico. La reforma administrativa representa la primera etapa de las grandes reformas administrativas del siglo XX. La situación económica de México se deterioró a mediados de los años setenta fundamentalmente por dos razones. Primero, debido a que la expansión del gasto público no fue acompañada de incrementos en la recaudación, el déficit fiscal creció y con él aumentaron el déficit de cuenta corriente y la tasa de inflación. Segundo, el incremento en los precios internacionales del petróleo a partir de 1973, constituyeron un choque externo de importancia para México que entonces era un importador neto de petróleo y derivados La recesión que siguió a la crisis de 1976 fue de corta duración. El descubrimiento de cuantiosas reservas petroleras eliminó la restricción externa y propició un cambio drástico de la política económica La recesión que siguió a la crisis de 1976 fue de corta duración. El descubrimiento de cuantiosas reservas petroleras eliminó la restricción externa y propició un cambio drástico de la política económica (SPP), que constituye uno de los últimos eslabones históricos en el desarrollo administrativo en las materias de programación y planeación en nuestro país (Sánchez, 2009: 87)
4. El proceso de reformas administrativas (etapas) Al inicio de los años ochenta surge en el ámbito internacional un movimiento global de reforma cuya dimensión ideológica exigió un cambio de valores en el sector público identificados con el paradigma de ‘racionalismo económico’ y la gerencia de la empresa privada. Sobre este fundamento ideológico se formuló todo un conjunto de técnicas y comportamientos que constituyen el contenido de la “Nueva Gerencia Pública” y la “Reinvención del Gobierno”, cuyo objeto ha sido reducir su tamaño, imponerle una disciplina e incentivos tipo mercado, aminorar los costos y mejorar su desempeño. Para esto último, es necesario “dejar que los gerentes públicos gerencien” al otorgarles mayor flexibilidad y devolución de autoridad y, a la vez, “hacer que los gerentes públicos gerencien”, al asegurar su rendición de cuentas. Reformas administrativas que eventualmente tienen éxito, o muchas veces la retórica tiende a rebasar la práctica (Carrillo, 2003: 3)
5. En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) puso en marcha el Programa Inmediato de Reordenación Económica, orientado entre otras cosas, a disminuir el crecimiento del gasto público, reforzar las normas de disciplina, programación, eficiencia y honradez en su ejercicio, proteger y estimular los programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos, reordenar el mercado cambiario bajo la autoridad monetaria del estado, reestructurar la Administración Pública Federal. De la Madrid envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que se establecían importantes reformas que crearon varias Secretarías de Estado, entre ellas la de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la de Desarrollo Urbano y Ecología. En los años posteriores, se impulsó la simplificación administrativa, buscando agilizar trámites y dar servicios más eficaces a la ciudadanía.
6. En el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) desde su toma de posesión anunció la necesidad de llevar a cabo la Reforma del Estado, modificando sus relaciones con la sociedad y con el ciudadano. Posteriormente, haciendo uso de un estilo inusual en un Presidente, explicó los alcances de dicha reforma: el ejercicio democrático de la autoridad, el aliento a la participación y organización popular en los programas sociales, la privatización de las empresas públicas no estratégicas, dando a los obreros participación en su propiedad y canalizando el producto de su venta a programas sociales,entre otras, como alcanzar la estabilidad macroeconómica a través de la apertura comercial, la desregulación, la inversión extranjera y las desincorporaciones.
7. Con Ernesto Zedillo (1994-2000) se impulsó Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) publicado en1996, el Sistema Integral de Administración Financiera Federa (SIAFF), la Nueva Estructura Programática (NEP) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El PROMAP, recuperó los conceptos: ‘rendición de cuentas,’ ‘responsabilidad’, ‘derechos de los ciudadanos’, ‘derecho a la información’ ‘y evaluación’. No obstante, el PROMAP avanzó muy poco ante la crisis económica y la falta de consenso político.
8. Con la llegada de Vicente Fox (2000-2006) se impulsó el Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental, elaborado por Ramón Muñoz. La Oficina para la Innovación Gubernamental diseñó el Modelo Estratégico para la innovación y calidad gubernamental. Este modelo estratégico tiene como misión recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Este modelo resume las estrategias del gobierno federal en materia de innovación, que permita introducir nuevas formas en el que hacer público y la calidad total que permitirá mejorar la actividad pública generando un valor agregado. En materia de gobierno de calidad indica el camino para lograr un gobierno eficiente y confiable cuyos procesos y servicios estarían avalados por la certificación de su sistema de gestión de calidad. El modelo plantea como meta principal implementar un Servicio Profesional de Carrera que permita atraer, motivar, capacitar y retener a los mejores hombres y mujeres en el servicio público. También busca ofrecer oportunidades de desarrollo y de progreso a los servidores públicos por su servicio a la sociedad. El énfasis debe estar centrado en la integración de los mejores talentos a la función pública y no en el cumplimiento de normas y políticas controladoras y asfixiantes de la innovación y la creatividad. El gobierno de Fox buscaba sumar reorientar el servicio público dejando atrás los esquemas jerárquicos basados en el control, que inhiben la creatividad y la innovación para dar paso a esquemas que faculten y fomenten la participación del trabajo en equipo Estos cambios dieron un vuelco a la estructura de la Administración Pública y de la organización gubernamental, los cuales derivaron de un proyecto internacional de privatizaciones y achicamientos de los estados, conocido como el consenso de Washington.
9. El consenso de Washington nace en 1989 en el llamado “Consenso de Washington” (Casilda, 2000; 19). El Consenso no consistía meramente en un decálogo de política económica impuesto desde Washington, con la colaboración del FMI y el Banco Mundial. La agenda del Consenso de Washington abarcaba las siguientes reformas de política económica: Disciplina fiscal: en la conferencia prevalecía la opinión de que los déficit fiscales grandes y sostenidos, constituyen una fuente primaria de dislocamiento macroeconómico que se presenta como inflación, déficit de pagos y fuga de capitales; además, un déficit presupuestario acompañado de altos niveles de inflación, socava la confianza de los inversionistas, por ello las exportaciones habían experimentado una contracción en la década de 1980, debido principalmente a los altos déficit presupuestarios derivados de la política proteccionista. Reordenación de las prioridades del gasto público: tal reordenación se llevaría a cabo a partir del recorte al gasto público para reducir el déficit presupuestario sin recurrir a los impuestos. Los subsidios de la administración pública, principalmente a empresas paraestatales, serían los primeros perjudicados, debido a que la asignación de esos recursos se consideraba un despilfarro, la eliminación paulatina de las subvenciones permitiría asignar esos recursos en áreas estratégicas de carácter social. Reforma fiscal: según las condiciones económicas de la región, una reforma fiscal debía emprenderse para ampliar la recaudación tributaria, disminuir el gasto público y, en consecuencia, remediar el déficit presupuestario. Liberalización financiera: El objetivo de esto es evitar la asignación inadecuada de los recursos que se deriva de la restricción del crédito por parte de los burócratas de acuerdo con criterios arbitrarios. Tipo de cambio competitivo: Un tipo de cambio competitivo brindaría seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación. Según el Consenso de Washington, la política orientada al exterior y a la expansión de las exportaciones era necesaria para la recuperación de América Latina. Un tipo de cambio competitivo brindaría seguridad a los negocios para invertir en las industrias de exportación. Según el Consenso de Washington, la política orientada al exterior y a la expansión de las exportaciones era necesaria para la recuperación de América Latina. El Consenso de Washington considera que el sistema de permisos de importación es una forma de restricción particularmente contraproducente, que debería reemplazarse sin tardanza por aranceles. Asimismo, la importación de insumos necesarios para la producción de exportación debería liberalizarse inmediatamente, reconociendo a los exportadores el derecho a descuentos sobre cualquier arancel remanente sobre insumos importados.
10. Los cambios en el sistema y régimen político posterior a 1990 es en la reforma electoral de 1977 que se estableció otorgar a los partidos políticos financiamiento público, lo cual representó un parteaguas en el sistema político en México. Esto permitió que dichas instituciones se convirtieran en actores con posibilidad de disputar el control electoral al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien, hasta la década de 1990 mantenía dente, pues por primera ocasión el Presidente de la República, quien en ese momento era Ernesto Zedillo, tuvo que gobernar con un Congreso de la Unión dividido. Otra fecha que se ha utilizado para disputar ´cuándo se dio el verdadero cambio político en México fue el 2000, momento en el que finalmente el PRI perdió el control del Poder Ejecutivo a manos del Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox Quezada. Sin embargo, es necesario entender que el cambio político en México es un proceso que se dio de forma gradual. Mas esto no debe hacernos perder de vista que en la década de 1990 la administración pública en nuestro país sufrió una gran transformación. Se ha indicado que en ese momento se presencia una reingeniería constitucional, puesto que se da origen a diversas instituciones con carácter autónomo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le otorga autonomía al Banco de México, así como se refuerza la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Además en el ámbito económico se reforzaron las transformaciones que iniciaron en el Sexenio del Presidente Miguel de la Madrid Tendientes a reconfigurar un nuevo orden para regular las actividades de los nuevos actores económicos, vinculados principalmente con el sector financiero (Babb, 2003) ). En la década de 1990 prácticamente se fue testigo de la creación de una nueva Constitución Política. González (1995) indica que en el periodo que va de 1988 a 1994 se aprobaron 51 reformas a 40 artículos constitucionales. Las reformas constitucionales puestas en marcha en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fueron llevadas a cabo en el marco del proyecto modernizador que éste comandaba, por lo tanto dichas transformaciones ponían énfasis en la integración internacional.
11. Multipartidismo El sistema de partidos, de acuerdo con Dieter Nohlen (2004: 38) se entiende como “la composición estructural de los partidos políticos dentro de cada Estado”. Es decir, se trata de la forma y características que adquieren los partidos políticos en una comunidad política determinada. Los sistemas de partidos cuentan con un conjunto de elementos a considerar: 1) el número de partidos existentes, 2) el tamaño de los partidos, 3) la distancia ideológica existente entre ellos, 4) la forma en que interactúan entre sí, 5) las características de la relación entre partidos políticos y otros grupos sociales, 6) su posición frente al sistema político. Los partidos políticos, Antes de la década de 1990, los partidos políticos no representaban una verdadera oposición para el Partido Revolucionario Institucional. Salvo el Partido Acción Nacional (PAN) que surgió en la 1939, los partidos que a lo largo de la historia política contendieron en procesos electorales tuvieron una duración efímera (Espejel, 2016: 16). Esto puede ser explicado por las restricciones del sistema electoral en lo que refiere a la conformación de organizaciones políticas partidistas. Hasta antes de 1988, el sistema de partidos en México se caracterizó por ser unipartidista con altos niveles de estabilidad, sin embargo, fue en ese año con la coyuntura electoral que la situación se transformó (Crespo, 2012). Tan sólo la reforma de 1989-1990 marcó un cambio crucial en la organización de las elecciones. Las irregularidades detectadas en el proceso electoral de 1988 obligaron a fortalecer el órgano encargado de la organización de las mismas. Dicha reforma electoral permitió dar paso de la Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral, lo que representó un avance en la ciudadanización del órgano electoral, ya que anteriormente el control de los procesos lo tenía la Secretaría de Gobernación (Córdova, s.f.: 662-663). La creación del Instituto Federal Electoral marcó el principio de la profesionalización de los procesos electorales, otorgando mayor certidumbre en los resultados. Hasta antes de la creación de dicho órgano, por medio de la Secretaría de Gobernación, el binomio PRI-gobierno mantuvieron el control de los procesos electorales. Fue hasta 1996 que se tuvo certidumbre sobre la celebración de elecciones en condiciones equitativas entre los distintos partidos políticos, permitiendo una transformación del sistema de partidos, pues se pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema caracterizado por un pluralismo limitado con elecciones competencia limitada aún, pero bastante competitivas (García, 2010).
12. Congreso dividido Con la transformación en el Congreso de la Unión, en 1997, ahora los apoyos para impulsar las reformas constitucionales no pueden darse sólo por un partido. Por lo tanto, para conseguir la mayoría de votos se requiere la negociación de al menos dos bancadas. Las reformas constitucionales impulsadas por Carlos Salinas de Gortari contaron con el apoyo del PRI y PAN.
13. Aparición de asociaciones civiles e impulso a la transición desde 1968 comienza su aparición, a partir de 1985 se apodera y entiende su importancia a nivel social. una nueva consolidación de un sistema de partidos, de izquierda y de derecha, el PRD y el PAN, respectivamente y por otro lado, surge una nueva forma de participación para la población: el “asociacionismo cívico”, que representa una nueva lucha por cuestiones de género, el ecologismo y la lucha por los derechos humanos”.
14. La organización civil como actores oficiales del desarrollo social La presencia de la organización civil (OC)1 en el contexto mexicano, como se menciona anteriormente, se fortalece a partir de la diversidad partidaria. Y para Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se aborda concretamente el asunto de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y se plantea conveniente impulsar las actividades de las OSC para atender las necesidades sociales más sensitivas del país, resaltando la ventaja de acercamiento a las problemáticas de los diferentes grupos de la población, lo cual, les permite agilizar y maximizar los resultados (Lizárraga, 2004)
15. el contenido de la Agenda de Buen Gobierno que es una integración de todas las acciones de mejoramiento de la administración pública federal: La Agenda de Buen Gobierno tiene el propósito de simplificar, unificar y hacer más efectivos los esfuerzos que permitan el cambio y la transformación de la administración pública y focalizar los resultados hacia la consolidación de un gobierno que funcione como todos queremos, gracias a la honestidad, la transparencia y a la entrega de más y mejores servicios. La construcción de un Buen Gobierno es un requisito crucial para el desarrollo económico, social y ambiental, enfocado en las necesidades ciudadanas. Según la OCDE, el buen funcionamiento del Gobierno está basado en varios aspectos, dentro de los que destaca el combate a la corrupción, la participación ciudadana en la elaboración de políticas, la utilización de buenas prácticas, la motivación de los más altos niveles de conducta ética y la capacitación de servidores públicos.
16. Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa: 2006-2012 Los cambios administrativos pensados desde el gobierno federal se consolidaron en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, documento rector del sexenio de Felipe Calderón. Además, se aprobó un nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (Diario Oficial de la Federación [DOF], junio de 2007). El proceso de modernización administrativa se llevará en dos instancias: primero, el Programa de Mejoramiento de la Gestión, (2007-2012) a cargo de la Secretaría de la Función Pública, y segundo, el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los objetivos generales del Programa de Mejoramiento de la Gestión parecen modestos frente a los retos que enfrenta la administración pública moderna: 1) mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos, 2) incrementar la productividad de las instituciones, 3) reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la operación de procesos eficientes y 4) evaluar el desempeño de las instituciones públicas. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene bajo su responsabilidad la puesta en marcha del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema d e Evaluación del Desempeño. El presupuesto basado en Resultados implica un nuevo enfoque de gestión pública para incentivar el logro de resultados, por lo que requiere modificar y mejorar de manera estructural las decisiones y medidas del proceso de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto, poniendo énfasis en la evaluación de los programas de gobierno (Sánchez, 2009: 92).
17. La democracia y la economía de mercado: En este sentido diferentes fórmulas institucionales pueden producir diferentes resultados de calidad democrática. Esto es muy importante porque dependiendo el tipo de instituciones, de sistema o de régimen el comportamiento político y administrativo también cambia. Tal como lo hemos estado mencionando “dependiendo el tipo de Estado es el tipo de administración Pública”, de la misma manera “dependiendo el tipo de gobierno, es el tipo de organizaciones e instituciones”.En la práctica los elementos mínimos que debe tener una democracia, según Robert Dahl (1999) son los siguientes: - Libertad de asociación, - Libertad de expresión y de información, - Amplios derechos de sufragio, - Derechos a formar candidaturas para los cargos públicos y a competir en las elecciones, - Elecciones libres y equitativas, - Políticas de gobierno que dependan de los resultados electorales. Entonces, este contexto democrático de nuevas exigencia nos permite incorporar al análisis y a nuestros estudios otros elementos que en el sistema político mexicano no existían. Estos nuevos elementos sociales, políticos y económicos van a ser producto de un proceso histórico y social de luchas y confrontaciones. Estas modificaciones democráticas en lo político, también definieron cambios en la economía nacional, en el tipo de administración pública y en general en los comportamientos institucionales del régimen en general.En la práctica los elementos mínimos que debe tener una democracia, según Robert Dahl (1999) son los siguientes: - Libertad de asociación, - Libertad de expresión y de información, - Amplios derechos de sufragio, - Derechos a formar candidaturas para los cargos públicos y a competir en las elecciones, - Elecciones libres y equitativas, - Políticas de gobierno que dependan de los resultados electorales. Entonces, este contexto democrático de nuevas exigencia nos permite incorporar al análisis y a nuestros estudios otros elementos que en el sistema político mexicano no existían. Estos nuevos elementos sociales, políticos y económicos van a ser producto de un proceso histórico y social de luchas y confrontaciones. Estas modificaciones democráticas en lo político, también definieron cambios en la economía nacional, en el tipo de administración pública y en general en los comportamientos institucionales del régimen en general.
18. Presentamos las reformas que propone el Consenso de W ashingtonL Liberalización de la inversión extranjera directa: un complemento más de la política orientada al exterior. Se contemplaba que la inversión extranjera traería capital, conocimiento y experiencia, ya sea produciendo bienes necesarios para el mercado nacional o para contribuir a la expansión de exportaciones. Por otro lado, existen dos opiniones que se contraponen: la primera se manifiesta a favor de la inversión extranjera por medio de los denominados swaps, los cuales funcionan como una especie de "trueque", es decir, la inversión extranjera invierte en obligaciones del Estado, de esta manera se evita recurrir al financiamiento externo, por lo tanto, no se incrementa la deuda externa. Mientras que la segunda opinión considera que los "trueques" aumentan el déficit fiscal, pues provocan un fuerte aumento en la deuda pública interna. Privatizaciones: lo que se pretendía con esta reforma era aliviar el presupuesto del gobierno a partir de la privatización de empresas paraestatales; una vez iniciado este proceso se liberarían una gran cantidad de recursos que a su vez se destinarían a áreas de carácter social. Esta reforma se convirtió en una política fuertemente impulsada y apoyada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como una medida para impulsar el crecimiento y combatir los problemas sociales de América Latina. Desregulación: El proceso de desregulación está vinculado con la privatización, pues la venta de entidades paraestatales necesita la modificación de leyes y reglamentos que permitan la entrada de nuevos inversionistas y empresas nacionales y extranjeras, lo que a su vez beneficia a la inversión extranjera directa Derechos de propiedad: con esta política el CW pretendía crear derechos de propiedad bien asegurados, pues constituyen un pre-requisito básico para la operación eficiente de un sistema capitalista. Además, se pretendía la creación de sistemas legales, de contabilidad y regulación eficientes, para estimular el desarrollo de un sector privado eficiente. El objetivo ahora era detener la inflación inercial, así como reinsertar a América Latina en los mercados internacionales de capital. En México la estrategia se aplicó en tres fases sucesivas. En la primera fase se lanzó el Pacto, programa de estabilización “heterodoxo”, que más tarde sería replicado en Brasil con el Plan Real. Aunque el Pacto fue implantado en 1987, último año de la administración de la Madrid, fue diseñado por el equipo de Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, y nombrado poco después candidato oficial a la presidencia de la República. El Pacto estaba basado en la concertación de precios y salarios – para la cual el control corporativo del partido oficial sobre los sindicatos fue fundamental –, pero sobre todo a través del uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria.3 El Pacto fue un programa exitoso, a diferencia de programas de choque anteriores experimentados en otros países latinoamericanos. La tasa de inflación bajó del 159% en 1987, a 51,7% en 1988 y 19,7% en 1989, hasta que ubicó en niveles de un dígito en 1993 (8%) (Guillén, 2012: 61).El objetivo ahora era detener la inflación inercial, así como reinsertar a América Latina en los mercados internacionales de capital. En México la estrategia se aplicó en tres fases sucesivas. En la primera fase se lanzó el Pacto, programa de estabilización “heterodoxo”, que más tarde sería replicado en Brasil con el Plan Real. Aunque el Pacto fue implantado en 1987, último año de la administración de la Madrid, fue diseñado por el equipo de Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto, y nombrado poco después candidato oficial a la presidencia de la República. El Pacto estaba basado en la concertación de precios y salarios – para la cual el control corporativo del partido oficial sobre los sindicatos fue fundamental –, pero sobre todo a través del uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria.3 El Pacto fue un programa exitoso, a diferencia de programas de choque anteriores experimentados en otros países latinoamericanos. La tasa de inflación bajó del 159% en 1987, a 51,7% en 1988 y 19,7% en 1989, hasta que ubicó en niveles de un dígito en 1993 (8%) (Guillén, 2012: 61). De acuerdo con este autor la segunda etapa consistió en la renegociación de la deuda externa. Al llegar Salinas de Gortari (1989-1994) al gobierno, su primera acción fue renegociar la deuda externa bajo los auspicios del Plan Brady, lo que permitió reducir el principal y aligerar el pago de intereses, pero sobretodo, junto con la inflación en proceso de declinación, elevó las expectativas de los actores involucrados en la reforma neoliberal. La renegociación fue seguida por la apertura de la cuenta de capitales, la cual se consideraba fundamental para reanudar el crecimiento y financiar el desequilibrio de la cuenta corriente, mediante el libre acceso de la inversión extranjera. El control de la inflación era un prerrequisito del nuevo esquema, con el objetivo prioritario de mantener la confianza de los colocadores de fondos de capital de cartera del exterior en las economías emergentes y detener la fuga de capitales internos. La apertura financiera de los 1990 implicó la incorporación de los llamados países emergentes en el “régimen de acumulación con dominación financiera” (Chesnais, 1994; Guillén, 2012) que fue prevaleciendo en los países centrales como respuesta a la crisis de los 1970. En tal régimen, la lógica financiera, es decir especulativa, más que la productiva, determina el rumbo de la acumulación de capital. La reforma neoliberal salinista fue completada en una tercera fase por la firma del TLCAN, el cual entró en vigor en 1994, y por la aceleración del proceso de proceso de privatización de los activos públicos. El TLCAN fue la joya de la corona de la reforma neoliberal. Se trató de un acuerdo entre gobiernos y grupos empresariales oligopólicos que veían en la integración una palanca importante para ampliar sus mercados y zonas de operación e influencia, así como para maximizar sus beneficios.
19. Sobre la transición política Las reformas electorales fueron un cambio inminentemente favorable para las organizaciones o partidos en busca de espacios de expresión e igualdad ante la lucha por espacios electorales, sin embargo, para el partido en el poder significó lo contrario” (Salgado, 2007: 72). En 1946 cuando el partido oficial sufre su último cambio en la denominación, no existe oposición real, tampoco hay una rotación de poder, la participación política en elecciones es en términos monetarios y humanos desigual. “Los diversos movimientos sociales, como por ejemplo el estudiantil de 1968, manifiestan la urgencia de apertura democrática, pero sobre todo, corroboran la necesidad de un cambio en los causes del quehacer político nacional. El PAN inicia su expansión en algunas regiones del norte del país, surgen organismos partidistas, aparece una guerrilla urbana y otra campesina, cuyo diagnóstico consiste en afirmar que el país no tiene otra opción de cambio que no sea la de las armas” (Becerra, Salazar y Woldenberg, 200: 19). Durante el sexenio que va de 1970 a 1976 se instrumenta la política de apertura democrática, cuyo fin es evitar después de 1968 la crisis política ocasionada por los usos y los abusos de la fuerza del Estado. El sexenio termina con crisis económica y desestabilidad política, manifestándose en las elecciones presidenciales de 1976 en donde José López Portillo, el único candidato registrado, obtiene el triunfo con el 99% de los votos, de esta forma resulta clara la necesidad de replantear el formato, los usos y alcances de la participación política (Salgado, 2006: 73). El Estado, para entonces, opera bajo la ausencia de partidos competitivos e inexistencia de reglas electorales abiertas, sin embargo, esa realidad empieza a cambiar en 1977, pues para México la necesidad de organizar a los grupos inconformes dio impulso a las reformas. Esta reforma crea las siguientes condiciones: “La Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales (LOPPE) crea al mismo tiempo una figura legal distinta a la de partidos políticos, para la cual se requieren menos requisitos. Se trata de las asociaciones políticas nacionales, concebidas como complementos al sistema de partido y debían contribuir al debate político e ideológico” (Salgado, 2006: 77). Además de la apertura de espacios electorales en gubernaturas de los Estados, como el caso de Baja California que lo ganaría para 1989 el Partido Acción Nacional. Aquí el escenario empezaba a cambiar por la apertura política, ésta impactaría en los cambios económicos y administrativos, pues a partir de este periodo la Administración Pública sufriría cambios inimaginables. Otro proceso que posterior a 1994 generarían el cambio y la transición de partido político en la presidencia de la república sería el gobierno dividido de la Cámara de diputados. A partir de este periodo se planteó una disyuntiva en las organizaciones de la sociedad civil, ya que habían estado organizadas más a construir un frente para la organización independiente de la sociedad civil en torno al zapatismo. Ahora se planteaba la necesidad de luchar por una mayor transparencia y por el total control ciudadano sobre las elecciones. Así fue como la creación de Alianza Cívica, que tomó el liderazgo de esta segunda opción, comprometió a gran parte de la sociedad civil con la vía electoral y marginó al zapatismo. Finalmente, esta vía de organización de la sociedad civil se agotó cuando tuvo éxito, una vez que se dio la ciudadanización completa del IFE con la reforma electoral de 1996 y la alternancia en la presidencia de la república en el año 2000 (Olvera, 2003).
20. Los Organismos Internacionales y el cambio político y administrativo Los organismos internaciones son asociaciones que trascienden las fronteras de un Estado y contienen una estructura orgánica permanente. Algunos de ellos son: a) Fondo Monetario Internacional (FMI); b) Organización de Estados Americanos (OEA), c) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. Estas instituciones después de la Segunda Guerra Mundial, adquieren gran relevancia en la discusión mundial sobre políticas económicas y sociales. Las cuales después de presentarse en los grupos, realizar análisis y evaluaciones correspondientes, lanzan las propuestas a sus agremiados para ponerlas en práctica, y algunas veces, incluye la recepción de fondos económicos. Nuestro país como integrante de estos grupos, participa continuamente en mejoras estructurales y ha puesto en marcha diferentes proyectos en materia de: educación, salud, transparencia, entre otros.
21. Cambios políticos después del 2000 y las reformas administrativas La administración pública actual se ha caracterizado por un profundo proceso de modernización que incluye una serie de reformas administrativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con José Antonio Crespo (2012: 35) el 2 de julio del año 2000 México experimentó por primera vez en toda su historia una alternancia pacífica del poder, lo que implica un hecho simbólico que marca el cambio de régimen, si bien esta transformación no empezó ni terminará ese día. Se trata, más bien, de un proceso muy lento y singular, que se explica a partir de la peculiaridad del régimen priista. El objetivo de este apartado es conocer las principales reformas administrativas impulsadas en los períodos presidenciales de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
22. Sexenio Vicente Fox Quezada: 2000-2006 La legitimidad que le dieron los resultados electorales fue un buen comienzo para emprender una serie de reformas a la gestión pública. De ahí la importancia de la Transparencia, Calidad en la gestión pública y la profesionalización de los servidores públicos fuesen aspectos que tomaron en cuenta para proponer un cambio de perspectiva en la administración pública (Moyado, 2006). Vicente Fox presenta una propuesta para modernizar la administración pública a través de la formación de dos centros que regularían dichas reformas. La Oficina de Innovación Gubernamental que dependería directamente del presidente y a cuya cabeza estaría uno de sus hombres más cercanos. Y la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), hoy de la Función Pública (SFP). En materia de mejoramiento administrativo, la estrategia de Vicente Fox se orienta por tres acciones relevantes: la primera fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (2001- 2006) que queda bajo la responsabilidad de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM); la segunda fue la propuesta contenida en el Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental, elaborado por Ramón Muñoz desde la Oficina de Innovación Gubernamental de la Presidencia; tercera acción fue la integración de todas las acciones de mejoramiento de la administración pública federal en la Agenda de Buen Gobierno.
23. Sexenio de Enrique Peña Nieto El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el presidente Enrique Peña Nieto establece como metas principales: México en Paz, México incluyente, México con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con responsabilidad global. El Plan Nacional de Desarrollo presenta un conjunto de estrategias transversales para democratizar la productividad, para alcanzar un gobierno cercano y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal. El Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto destaca la importancia de contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación, que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía . Por lo anterior, las políticas y los programas de la presente administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base en un principio básico plasmado en el artículo134 de la Constitución “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
24. eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. Desde los años 1990, estas instituciones han sido creadas (o transformadas) para encargarse de la elaboración de políticas y regulaciones específicas en diversos sectores sociales, económicos y políticos. Aunque algunos Organismos Constitucionales Autónomos primero formaron parte de la administración pública federal, su establecimiento generalmente ha partido de la idea de que, para cumplir a cabalidad con sus funciones institucionales, es importante dotarles de márgenes de autonomía (formal e informal) distintos a los del resto de las dependencias y entidades del gobierno federal. En este sentido, la “autonomía constitucional” ha sido en muchos casos el puerto de llegada de un proceso de reforma más amplio (Dussuage, 2013: 3). Los organismos constitucionales autónomos pueden aparecer con el fin de incrementar la eficacia y eficiencia de la administración pública. En México los primeros organismos autónomos fueron las Universidades públicas. Después de las universidades públicas, el siguiente organismo que adquiere autonomía constitucional es el Banco de México (Castellanos, 2015: 94). En México el gran receptor de los flujos de crédito del banco central, cuando este no es autónomo es el gobierno, que mediante tal experiencia puede incurrir en elevados déficits fiscales. Gracias a que el Banco de México goza de autonomía desde hace 20 años su Junta de Gobierno analiza discute y decide cuál debe ser la postura monetaria idónea en cada momento, resultando una garantía para todos los usuarios de la moneada nacional de que el Banco de México no le extenderá crédito al gobierno para financiar su gasto y procurar que la moneda conserve su poder adquisitivo (Turrent, 2012:10) El tercer organismo constitucional autónomo fue el Instituto Federal Electoral. Durante sus primeros cuatro años de existencia, el Instituto Federal Electoral fue concebido como un organismo público autónomo. No es sino hasta 1994 cuando la autonomía constitucional del IFE se hace realidad (Cárdenas, 1999: 482) En México se crearon organismos semiautónomos como el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y se incrementó significativamente la autonomía tanto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Titular del Ejecutivo Federal mencionó los principales elementos de la Reforma Político Electoral. Se logra la autonomía de dos importantes instituciones. La Procuraduría General de la República se convierte en la Fiscalía Nacional de la República; la autonomía de esta institución le permitirá desplegar una política de procuración de justicia más eficaz y de largo plazo, así como profundizar en su profesionalización. Además, contará con fiscalías especializadas: una para delitos electorales y otra para combatir la corrupción en todos los órdenes de Gobierno. A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, también será autónomo, garantizando la imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. De esta forma se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual ejercerá las facultades del actual Instituto Federal Electoral, y, además, realizará otras que fortalecen su participación en la organización de elecciones locales y en su relación con los organismos electorales estatales. En mayo del 2015 el presidente Enrique Peña Nieto firmó el Decreto de Promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ante los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); representantes de los tres poderes de la Unión, servidores públicos federales y autoridades de los órganos garantes de los estados, se reunieron en una ceremonia que tuvo lugar en Palacio Nacional, Con la aprobación de laLGTAIP, el IFAI cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este nuevo marco normativo amplía el ejercicio del derecho de acceso a la información en igualdad de condiciones.
25. Las políticas de acceso a la información El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Asimismo, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad interesada en participar activamente en los asuntos públicos que afectan su calidad de vida el acceso a la información se refiere a la posibilidad de obtener información accesible, oportuna y confiable en posesión de los gobiernos El acceso a la información es un derecho de enorme valor que sin duda impulsa la construcción de sociedades más justas, equitativas y corresponsables en la gestión de los asuntos públicos y coadyuva al fortalecimiento del patrimonio social y de la vida democrática en el país. La información pública es un catalizador de la participación social: quien tiene más y mejor información goza de mayores posibilidades de participar e incidir en la toma de decisiones concernientes a políticas públicas programas y proyectos, tanto públicos como privados. El 11 de junio de 2002 se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, estaley determina el camino para fortalecer y consolidar el ejercicio del derecho de acceso a la información. La expedición de esta Ley representa un cambio significativo en la relación de la sociedad y los representantes gubernamentales. Esta ley configura la estructura y funcionamiento del IFAI. Para el 2007, la Ley de Transparencia vuelve a ser objeto de reformulaciones para fortalecer y dar orden a lo conseguido en sus primeros años de vigencia, razón por la cual se reforma nuevamente el artículo sexto constitucional para definir principios rectores sobre el acceso a la información ya no sólo en la federación, sino también en los ámbitos locales, es decir, estados y municipios. Dos años después se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 16 Constitucional que elevó la garantía constitucional el derecho a la protección de datos personales, el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos.
26. Reforma en materia de transparencia 2014 El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia. Con este nuevo marco, la sociedad podrá conocer la información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos; partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral, incluidos los sindicatos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal (Gobierno Federal, 2014). En mayo del 2015 entró en vigor La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública El nuevo marco normativo está integrado por 216 artículos. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambia su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que se robustece con mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional (INAI, 2015).
