1. Estado Social de Derecho y sus fines
1.1. Estado social de derecho:
1.1.1. Este es un marco jurídico – político, el cual fue propuesto en la constitución del 91, tomando énfasis en los principios y valores como la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la protección de las riquezas naturales y culturales, la dignidad humana y protección ciudadana.
1.2. Fines del estado:
1.2.1. Promover una prosperidad general, servir a la comunidad, generar una efectividad de principios, igualdad de derechos y deberes como mínimo para una vida digna
1.3. Funcionamiento:
1.3.1. Exigir igualdad y libertad, ya que estas son por lo general estimadas como un derecho fundamental en la constitución, los cuales el estado debe proteger y fomentar
2. Ramas del Poder Público
2.1. Ejecutiva:
2.1.1. Se encarga de llevar los planes de gobierno, ejecutando planes de desarrollo, proponiendo obras, representando al país en el exterior por medio del presidente, ejerciendo así una dirección política de estado.
2.2. Judicial:
2.2.1. Se encarga en el cumplimiento de las leyes, vigilando que estas no estén en contradicción con la constitución nacional, castigando a aquellos que las incumplen, representada por las llamadas altas cortes y por la fiscalía general de la nación, esta administra justica a nombre del estado.
2.3. Legislativa:
2.3.1. Se encarga de hacer, reformar, recibir propuestas para el ordenamiento de leyes a nivel nacional, departamental o municipal, está representada por el congreso de la república, el cual se divide en cámara de representantes y el senado.
3. Constitución Política como herramienta política para la Democracia moderna y contemporánea
3.1. Importancia de la constitución política:
3.1.1. El establecimiento de derechos y deberes, haciéndolos participes en la legislación colombiana, como herramienta de democracia, para el bien común de la ciudadanía.
3.2. Constitución como Ley Fundamental:
3.2.1. Hace parte de una construcción dinámica, la cual es consolidada por los ciudadanos, haciendo separación de los poderes ejecutivos, determinando competencias específicas para cada uno, tomando así la constitución como una carta sagrada a los ordenamientos jurídicos sociales, haciendo que se constituya una herramienta de cohesión social.