1. Transparencia en la política social y los programas sociales
1.1. Resoluciones del INAI sobre transparencia en los programas sociales
1.1.1. Las normas mexicanas señalan la obligación del Estado y la administración pública de transparentar la información producida, por lo que es necesario que se difunda a través de diferentes medios y que sea accesible a la sociedad. La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
1.2. El uso de recursos públicos para fines políticos y el combate a la corrupción
1.2.1. Estos elementos revisados sobre controlaría social y transparencia son parte de lo que se conoce como la institucionalizan de programas sociales, la cual se realizó a través de un convenio internacional e intersectorial llamado Alianza para el Gobierno Abierto. México firmó en 2008. Primero, se solicitaba información sobre programas sociales.
1.3. Necesidades y retos
1.3.1. En materia de institucionalizan de los programas sociales, se presentan grandes oportunidades para mejorar el monitoreo y evaluación de los programas, así como la importancia del uso de información para la retroalimentación de los mismos programas, o bien, con iniciativas integrales e innovadoras de programas sociales.
2. Monitoreo: resultados de la evaluación en México.
2.1. Lineamientos de evaluación y monitoreo
2.1.1. A partir de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (LFTAIG, 2002)1 y todos los cambios en la administración pública en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS, 2004), además de las cuestiones atendidas en el módulo, se ha impulsado la difusión de información generada en las evaluaciones.
2.2. Instrumentos de planeación en la evaluación y monitoreo
2.2.1. A pesar del respaldo normativo adquirido por la evaluación y monitoreo, este proceso ha tenido que enfrentarse a diferentes vaivenes, como: i) Desarticulación: falta de alineación conceptual, metodológica y operacional. ii) Alto costo y poca utilidad de resultados. iii) Percepción del proceso como una fiscalización y no de gestión y rendición de cuentas. iv) Falta de prioridad de la medición de resultados para programas o dependencias que lo ejecutan, entre otros.
2.3. Sistema integral de monitoreo y evaluación
2.3.1. Según Mackay (2007), un sistema de evaluación y monitoreo no debe ser visto sólo como una actividad tecnocrática, ya que la información que proporciona tiene influencias concretas para la gestión de gobierno en sus diferentes niveles, así como en los grupos sociales de interés
3. Controlaría social en los programas sociales
3.1. El monitoreo como proceso de construcción social .
3.1.1. Orígenes, desarrollo y atributos de la controlaría social
3.1.2. La controlaría social como elemento para la participación social y rendición de cuentas
3.2. Tipos de monitoreo ciudadano
3.2.1. Sistemas de atención ciudadana. Se puede decir que es el más común en cuanto al orden federal. En este tipo de contraloría los beneficiarios de un programa tienen la oportunidad de presentar quejas y denuncias ante instancias pertinentes y, derivado de ello, llevar al enderezamiento de las acciones del programa conforme a las reglas de operación. 2. Control colectivo. Se basa en la creación de un órgano específico de control en donde los beneficiarios directos de las obras o servicios pueden participar. Poseen más herramientas de control, como el denunciar cualquier irregularidad ante los mismos órganos. 3. Participación de ciudadanos. Se refiere a la integración de ciudadanos en los órganos de decisión de las instituciones públicas.
3.3. Alcances y limitaciones
3.3.1. La rendición de cuentas, la participación ciudadana y el monitoreo ciudadano pasan entonces a un estado de inercia donde no son tomados en cuenta como factores de la plena democracia y se fomenta un ambiente de corrupción.