Ministerio Publico de El Salvador

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1. CASO 2: La violación y muerte de la niña Katya Miranda, ocurridas el 3 de abril de 1999, a la orilla del mar, en las cercanías del rancho donde pernoctaban sus familiares, entre ellos, su padre Edwin Miranda y el padre de éste, Carlos Miranda, abuelo de la niña, quién desde el inicio fue considerado uno de los principales sospechosos. También se encontraba en el lugar el entonces Subcomisionado Godofredo Miranda, mando de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil y sobrino del abuelo de la niña. El caso, se dirigía a ser uno más en el archivo de la Fiscalía, pero gracias a la insistencia de la madre de la víctima y su valiente lucha por la justicia, el caso pudo ser judicializado nueve meses después. Se imputó al padre y al abuelo de la niña, así como a dos empleados del rancho por supuestamente haber encubierto los hechos. El caso fue débilmente presentado y sufrió también tropiezos judiciales –donde la actuación judicial fue, cuando menos, sospechosa- siendo los imputados liberados provisionalmente en la fase intermedia del proceso penal, dando el plazo de un año a la FGR para presentar nuevas pruebas. El entonces Fiscal General de la República, Belisario Artiga, dio señales de querer profundizar los hechos, se reunió con la familia en privado, pero el ánimo de protagonismo le llevó a cometer errores como “reconstruir” los hechos sin autorización judicial y no corrigió los errores iniciales de la investigación. Pasado el plazo para presentar nuevos elementos, la Fiscalía admitió no tenerlos y los imputados, ante la débil investigación criminal, fueron exonerados definitivamente en octubre de 2001. Ya en este momento, Hilda Jiménez y su hija Marcela había huido del país por razones de seguridad y solicitado asilo en los Estados Unidos. En el año 2009, a dos semanas de que el caso prescribiera, el entonces Fiscal General de la República Félix Garrid Safie –que buscaba su reelección en el cargo-, anunció la reapertura del caso con una nueva versión de los hechos, según la cual: la muerte de la niña fue debido a una operación de secuestro fallida organizada por el abuelo Carlos Miranda y Rafael Antonio Cuenta, alias el “Palo” –convenientemente fallecido en 2005-, en la que la muerte y simulación de la violación fueron para evitar la delación de la menor. Básicamente, la Fiscalía, montó un caso con el testimonio de un delincuente y mentiroso profesional y puso al frente de este litigio al polémico fiscal Rodolfo Delgado. Sorprendentemente, el IDHUCA, organismo de Derechos Humanos que había llevado el caso de manera ejemplar, se retiró del caso. Quizás muchos quisieron que en esta nueva oportunidad, los responsables obtuvieran un castigo que compensara la injusticia e impunidad previa. Total, no importaba si esta historia era cierta y creíble o jurídicamente viable, sino que alguien pagara. Ahora, esa ilusión se desploma y volvemos a sentir el dolor de la impunidad. El caso, se dirigía a ser uno más en el archivo de la Fiscalía, pero gracias a la insistencia de la madre de la víctima y su valiente lucha por la justicia, el caso pudo ser judicializado nueve meses después. Se imputó al padre y al abuelo de la niña, así como a dos empleados del rancho por supuestamente haber encubierto los hechos. Según la versión del abuelo, principal vocero del grupo de imputados, el ejecutor habría sido Rafael Antonio Cuenca, alias el “Palo”, sicario contratado por un tal Doroteo Maradiaga, quien tendría rencillas con Carlos Miranda. Cuenca habría hecho un ingreso tipo comando al rancho, rociado con spay adormecedor a los ahí presentes y sustraído a la niña para atentar contra ella.

2. CASO 1: Ilopango. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, anunció la creación de un grupo especializado para investigar casos de personas desaparecidas, así como reforzar los equipos fiscales con tecnología y recursos necesarios, con el objeto de dar respuestas y justicia a las familias afectadas. «Vamos a fortalecer las unidades especializadas y a crear un grupo especial de fiscales para investigar casos de desaparecidos. Cada persona cuenta», recalcó el Fiscal General, al tiempo que destacó que el tema es prioridad en su gestión fiscal. El Fiscal reiteró que el fenómeno de los desaparecidos “hay que atacarlo de raíz” y en ese sentido, recalcó, la Fiscalía ha asumido el compromiso y el tema desaparecidos “será prioridad en la actual administración”. Las declaraciones las brindó al visitar el proceso de exhumaciones que la FGR realiza en la comunidad Vista Al Lago, de Ilopango, zona donde la Fiscalía ha recuperado, hasta la fecha, 11 cadáveres de diferentes fosas clandestinas. Las investigaciones de la Fiscalía lograron dar con la ubicación de los terrenos donde los miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) habían enterrado a sus víctimas desde el 2007 al 2018, fecha en que se registraron diversas desapariciones. A raíz de estas indagaciones, la Fiscalía ordenó, el pasado 23 de mayo, la detención de más de 128 terroristas de la referida estructura, por dichos crímenes, así como por extorsión y agrupaciones ilícitas. Los trabajos en la zona continuarán hasta encontrar todos los cuerpos enterrados, mientras que la totalidad de los detenidos se encuentran en prisión, esperando que se realice la audiencia preliminar, en el juzgado especializado de instrucción de San Salvador.

3. FUNCIONES: Según el Art. 193 de la Constitución, corresponde al Fiscal General de la República: - Defender los intereses del Estado y de la Sociedad. - Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad. - Dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdicción penal. Promover la acción penal de oficio o a petición de parte. - Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los inmuebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley. - Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados contra las autoridades y desacato. - Nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones. - Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a los fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Militares y de los tribunales que conocen en primera instancia, y a los Fiscales de Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su dependencia. - Velar por que en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado, se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y ejercer al respecto las acciones correspondientes. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.

4. La institución es encabezada por el Fiscal General de la República, quien es nombrado por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador para desempeñar un período de tres años con posibilidad de ser reelegido.

5. Funciones: De acuerdo al Art. 194 de la Constitución de la República de El Salvador, corresponde al procurador de los Derechos Humanos supervisar la actuación de la administración frente a las personas; promover reformas ante los órganos del Estado para el progreso de los Derechos Humanos y promover y proponer las medidas que estime necesarias en orden de prevenir violaciones a los Derechos Humanos. Más concretamente la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en su Art. 12, numeral 7°, confiere al procurador la atribución de “procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido vulnerados y las autoridades y funcionarios señalados como presuntos responsables cuando la naturaleza del caso lo permite” La naturaleza de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es de acuerdo a la legislación salvadoreña tiene rango constitucional, esto se refiere al hecho de que su estructura básica de funcionamiento “se halla determinada directamente por la Constitución, con arreglo a la cual deberán ser interpretadas las normas que lo regulen”, por ende la actividad que realice el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se tiene más clara en cuanto las características de los Órganos Constitucionales del Estado. La PDDHH está recogida por la Constitución recibiendo de la misma los atributos fundamentales de su condición y posición.

5.1. CASO DE LA HUELGA DE SALUD. (Agosto – Noviembre 1993) El día 31 de Agosto 1993, trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron inicio a unos de los paros de labores de mayor trascendencia y duración en toda la historia del Ministerio de Salud Pública en El Salvador. A partir del día 2 de Septiembre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos inicio al respecto la verificación de la problemática a través de una observación preventiva. Desde esas primeras fechas el Procurador de Derechos Humanos asumió como se dijo un papel de mero observador y se pronunció desde un inicio para que se buscasen los mecanismos de diálogo para la solución del conflicto. En el plano judicial la PDDHH, manifestó vigilar los procesos legales en las causas que se instruyeron contra los dirigentes laborales, por el delito de abandono de trabajo. La participación de la PDDHH en la problemática del paro de Salud, se constituye en un precedente; por ser la primera incursión. El papel de la PDDHH, se limitó al plano de una observación preventiva, destacando que si bien es cierto este mecanismo tuvo importantes efectos que deben ser considerados, no llenó las expectativas de la sociedad civil la cual no advirtió en la procurador un rol protagónico en la solución del conflicto ya que la institución evadió el papel mediador que a juicio de muchos juega un papel fundamental en el ámbito de la protección de Derechos Humanos.

6. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

7. Físcalia General de la Rebública

8. Procuraduría General de la República

9. NATURALEZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA La Procuraduría General de la República es una Institución que forma parte del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, con domicilio en la ciudad de San Salvador y para efectos de la prestación de los servicios contará con procuradurías auxiliares en todo el país.

10. (ROL DE LA PGR) La Procuraduría General de la República tiene como propósito fundamental velar por la defensa de la familia, de las personas e intereses de los menores, incapaces y adultos mayores; conceder asistencia legal y atención psicosocial de carácter preventivo; representar judicial y extrajudicialmente a las personas en defensa de la libertad individual y de los derechos laborales; representar judicial y extrajudicialmente a las personas, especialmente de escasos recursos económicos, en materias de Familia y de derechos reales y personales, velar por el cumplimiento y la eficaz aplicación de la Ley, el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y la protección y defensa de los derechos de las personas adultas, menores, indigentes e incapaces; asimismo facilitar el acceso a una pronta y cumplida justicia en materia de resolución de conflictos menores, a través de la Mediación y Conciliación, contribuyendo de esta forma a la PAZ SOCIAL.

11. CASOS: Diciembre 11, 2018 El Fiscal General de la República Douglas Meléndez, lanzó de la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el contexto del conflicto armado en El Salvador; como parte del ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 193 de la Constitución de la República, y 18, 24 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el 7 del reglamento especial de la Fiscalía General de la República, así como también del 69 de la Política de Persecución Penal, además en cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que decretó la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 letra e), 5 y 7 de la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz. egún explicó el Fiscal Douglas Meléndez, la política desarrolla los criterios y lineamientos del marco de actuación para la investigación y persecución de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad; también regula los criterios y lineamientos para la persecución de los casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridos durante el conflicto armado interno de el salvador. Con este instrumento, la FGR avanza en los esfuerzos de país para garantizar la efectividad en la investigación y el procesamiento de las personas responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario sucedidos en el contexto del conflicto armado interno.egún explicó el Fiscal Douglas Meléndez, la política desarrolla los criterios y lineamientos del marco de actuación para la investigación y persecución de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad; también regula los criterios y lineamientos para la persecución de los casos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridos durante el conflicto armado interno de el salvador.Con este instrumento, la FGR avanza en los esfuerzos de país para garantizar la efectividad en la investigación y el procesamiento de las personas responsables de delitos de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario sucedidos en el contexto del conflicto armado interno.